La trampa del 100.2 del Reglamento Penitenciario ha quedado definitivamente al descubierto con los autos del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional que devuelven a la cárcel a los etarras Anboto y Carasatorre. Ambas resoluciones denuncian el uso fraudulento que el Gobierno vasco está haciendo, amparado por el de Sánchez, del procedimiento de reinserción. Este mecanismo no está previsto para burlar las condiciones de la progresión a tercer grado, sino para favorecer la reinserción de presos que hubieran acreditado un buen pronóstico con permisos de salida y contaran con un plan específico de resocialización. Nada de esto ha sucedido con Anboto y Carasatorre, beneficiados por resoluciones radicalmente ilegales, hasta el extremo de que el juez Castro propone una reforma del Reglamento Penitenciario para evitar más fraudes de ley y para convertir la autorización judicial en una condición previa para aplicar el 100.2. En estas páginas hemos denunciado el escandaloso trato de favor que estaban recibiendo los etarras presos. Por fin, el fraude ha sido desvelado por un juez.