La última edición del informe 'Taxing Wages 2026' de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirma una realidad persistente: que desde que gobierna Pedro Sánchez (2018) la presión fiscal en España ha estado de forma sistemática por encima de la media de los países más ricos. En 2025, un trabajador soltero y sin hijos soportó una cuña fiscal –concepto que reúne el peso del IRPF y de las cotizaciones sociales en las rentas– del 41,4 por ciento de sus costes laborales, frente al 35,1 por ciento promedio de la OCDE . Este diferencial no es menor ni coyuntural: refleja una estructura impositiva que penaliza la generación de renta y limita su traslación efectiva al bolsillo del ciudadano. El análisis de los datos pone de manifiesto que el peso de la tributación personal en España no solo es alta, sino creciente. La propia OCDE constata que en 2025 la cuña fiscal aumentó en la mayoría de países y alcanzó niveles máximos desde antes de la pandemia, impulsada en parte por la denominada 'progresividad en frío'. En España, este fenómeno se traduce en que el incremento de los salarios para compensar las pérdidas de poder adquisitivo provocadas por la inflación acaban elevando la tributación efectiva. Para evitarlo, el Gobierno debería deflactar la tarifa del IRPF y actualizar el mínimo exento y las deducciones, pero con Sánchez nunca ha querido hacerlo. A esta dinámica también contribuyen las cotizaciones sociales. El informe detalla que, en el caso español, las cotizaciones empresariales superan el 23 por ciento de los costes laborales. Esta combinación no solo reduce el salario neto disponible, sino que encarece la contratación y desincentiva la creación de empleo, tal como advierte el propio organismo al señalar que una cuña fiscal elevada reduce los incentivos tanto para trabajar más como para contratar. Las implicaciones institucionales son evidentes. Un sistema que incrementa la recaudación mediante mecanismos silenciosos –como la no actualización de los tramos del IRPF – erosiona la transparencia fiscal y debilita la confianza de los contribuyentes. Además, desplaza el esfuerzo tributario hacia las rentas del trabajo, en lugar de avanzar hacia un modelo más equilibrado que favorezca la productividad y el crecimiento. No es casual que la OCDE subraye que la presión sobre el trabajo ha aumentado de forma generalizada en los últimos años, con efectos directos sobre la renta disponible y el dinamismo económico. España mantiene una estructura fiscal que penaliza en exceso el trabajo, desincentivándolo, y reduce la eficacia de las mejoras salariales. La distancia respecto a la media de la OCDE no puede interpretarse como un rasgo neutral, sino como una desventaja competitiva que afecta tanto a trabajadores como a empresas. Urge, por tanto, una corrección de rumbo. La deflactación automática del IRPF, la revisión del peso de las cotizaciones sociales y una mayor transparencia en la política tributaria son reformas necesarias para aliviar la carga sobre los contribuyentes. Persistir en la actual inercia no solo perpetuará el malestar fiscal, sino que comprometerá la capacidad de crecimiento de la economía española.