Gregorio Eljach, procurador general de la Nación. Foto: ProcuraduríaLa Procuraduría General de la Nación envió su concepto a la Corte Constitucional sobre la primera emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro mediante el Decreto 1390 de 2025, una medida que actualmente está suspendida por decisión del alto tribunal.El documento, firmado por el procurador Gregorio Eljach y remitido al despacho del magistrado Carlos Camargo (encargado de su estudio), solicita que se caigan cinco puntos clave del decreto. Sin embargo, pide mantener vigentes las disposiciones relacionadas con el aseguramiento en salud.Cabe mencionar que la emergencia fue decretada para enfrentar una crisis fiscal de $16 billones a partir de la creación de tributos y medidas extraordinarias, pero fue suspendida provisionalmente en enero de 2026.Qué está en discusiónEn su análisis, la Procuraduría concluye que varios de los temas incluidos en el decreto no guardan una relación directa, específica y necesaria con la crisis que motivó la declaratoria de emergencia, requisito exigido por la Constitución para este tipo de medidas.En concreto, el Ministerio Público pide declarar inexequibles los apartes relacionados con:La necesidad de recursos para el sector defensa y la gestión de la Unidad Nacional de Protección.La atención de una emergencia derivada de un desastre natural.El pago de sentencias judiciales.El pago de obligaciones atrasadas del Estado.Según el concepto, estos asuntos no tendrían un vínculo suficiente con la crisis humanitaria invocada por el Ejecutivo y, por tanto, no deberían tramitarse mediante facultades extraordinarias.El órgano de control sí solicitó declarar exequibles las disposiciones vinculadas al aseguramiento en salud, al considerar que estas guardan conexión con la situación excepcional que dio origen a la emergencia.El concepto de la Procuraduría no es vinculante, pero sí representa un insumo relevante para la decisión final de la Corte Constitucional.Antes del 11 de marzo, el magistrado Carlos Camargo deberá radicar la ponencia ante la Sala Plena. El 16 de abril vence el plazo para que el alto tribunal adopte una decisión definitiva: mantener la emergencia económica o declarar su inexequibilidad total o parcial.—