Universidad Nacional de Colombia. Foto: Página Unal BogotáEn Colombia existen 34 universidades públicas que integran el Sistema Universitario Estatal (SUE). Son instituciones que concentran buena parte de la investigación científica, la formación de talento humano y la movilidad social del país. Sin embargo, detrás de su papel estratégico hay un dato que reabre el debate sobre su sostenibilidad financiera. Lea también: Solo 13 de cada 100 estudiantes culminan adecuadamente el colegio: informe revela crisis de la educación en Colombia La Contraloría General de la República publicó el estudio sectorial “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, un análisis técnico que examina ingresos, gastos, estructura de costos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento de las 34 universidades públicas. El documento concluye que la educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural que compromete la estabilidad de la mayoría del sistema. Uno de los hallazgos centrales es que el 50,1 % de los ingresos que perciben las universidades públicas provienen de aportes nacionales. Esta alta dependencia de transferencias del Gobierno, “restringe la planificación de largo plazo y profundiza brechas regionales”. En otras palabras, más de la mitad de los recursos que sostienen el funcionamiento de estas instituciones no se generan internamente, sino que dependen del presupuesto público anual. El 97 % de las universidades públicas no logran sostenerse solas El informe va más allá: el 97 % de las universidades públicas analizadas no logra sostener su operación con recursos autogenerados Esto implica que 33 de las 34 instituciones dependen estructuralmente de aportes estatales para garantizar su funcionamiento. El estudio también identifica una fuerte concentración de recursos. Cuatro universidades —la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia (UdeA) y la Universidad del Valle (Univalle)— concentran el 48% de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos territoriales. Esa concentración tiene efectos directos en la equidad del sistema. Los ingresos por estudiante presentan diferencias significativas: mientras la UNAL registra $11.426.139 por alumno, la UNAD reporta $525.777, frente a un promedio nacional de $4.512.090. Otro factor crítico es el pasivo pensional. La Contraloría confirma que el pasivo del sistema universitario público asciende a $10,3 billones en 2024 y se mantiene como “la carga estructural más relevante para las universidades públicas”. Esta carga está altamente concentrada en dos instituciones: la Universidad Nacional, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que juntas representan el 57,8 % del total. El impacto es tangible: recursos que podrían destinarse a docencia, infraestructura o ampliación de cobertura se ven comprometidos por obligaciones pensionales acumuladas. El análisis muestra que el 75,8 % de las instituciones presenta indicadores de solvencia iguales o superiores a 3, lo que indica capacidad para respaldar sus obligaciones financieras en el corto plazo. Sin embargo, el 24,2 % restante evidencia menor margen de maniobra. Puede interesarle: El acuerdo que abre la puerta a la energía nuclear en Colombia en pocos años En términos de endeudamiento, cerca del 24,2 % de las universidades mantiene niveles inferiores al 10 %, lo que refleja prudencia en apalancamiento. Aun así, la sostenibilidad estructural depende principalmente de la capacidad de generar ingresos propios suficientes. La única universidad pública autosostenible en Colombia En medio de este panorama, el estudio identifica que solo una universidad pública del país es financieramente autosostenible: la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Esto significa que la UNAD logra sostener su operación con recursos autogenerados sin depender estructuralmente de transferencias nacionales. Las otras 33 instituciones no alcanzan ese nivel de autonomía financiera. El dato no implica que las demás universidades estén en riesgo inmediato de quiebra, pero sí evidencia que su modelo financiero está condicionado por decisiones presupuestales externas y por presiones estructurales como el pasivo pensional. El informe coincide con la discusión del Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30 de 1992. Mientras el Ministerio de Educación estima un impacto fiscal de $22,1 billones entre 2027 y 2040, la Contraloría calcula un costo de $27,8 billones entre 2027 y 2036. El órgano de control reconoce que la reforma avanza hacia la gratuidad y hacia niveles de financiación comparables con los países de la OCDE (1% del PIB), pero advierte que cualquier incremento debe estar respaldado por “fuentes de financiamiento claras, suficientes, verificables y sostenibles en largo plazo”. La conclusión del estudio es clara: la educación superior pública enfrenta una “desfinanciación estructural que compromete la sostenibilidad financiera de la mayoría de las universidades públicas del país”. El debate que se abre es de política pública: cómo equilibrar gratuidad, expansión de cobertura y sostenibilidad fiscal en un entorno de restricciones presupuestales. Puede interesarle leer: Neobanco Revolut abrió lista de espera para clientes y ya tiene app en ColombiaEn un país donde la universidad pública es uno de los principales vehículos de movilidad social, el dato de que solo una institución sea autosostenible no es menor. Es una señal de alerta sobre el modelo de financiación que hoy sostiene —y limita— al sistema universitario estatal.