Contralor, Carlos Hernán Rodríguez. Foto: Contraloría. La Contraloría General de la República advirtió que el próximo gobierno deberá asumir desde el primer año una serie de brechas estructurales críticas.El diagnóstico del organismo de control señala que la deuda del sistema de salud con las EPS alcanzará los $39,6 billones estimados para 2025. Los medicamentos acumulan $3,8 billones, un +33 % de crecimiento de la deuda respecto al 2024. Por otro lado, el pasivo pensional regímenes especiales es de $15,6 billones a diciembre de 2025.La Contraloría identificó tres pasivos en educación y universidades: El primero es el déficit pensional de las universidades públicas: $10,3 billones acumulados. Solo 1 de las 34 universidades públicas del país es financieramente autosostenible, lo que significa que el resto depende de transferencias de la Nación para cubrir sus obligaciones pensionales con docentes y administrativos.El segundo es la deuda de Fomag (Fondo de Prestaciones del Magisterio) con los maestros: $2,9 billones pendientes de pago a diciembre de 2025. Es plata que ya se debe a docentes en pensiones y prestaciones reconocidas, pero no pagadas.El tercero es el PAE (Programa de Alimentación Escolar): $1,2 billones requeridos para garantizar el acceso al programa. La Contraloría proyecta que en 2026 habrá 12 millones de estudiantes adicionales que demandarán cobertura.Las contingencias judiciales también ocupan un espacio importante. Esta es una de las brechas más urgentes: $17 billones en demandas y procesos judiciales que el Estado colombiano tiene en su contra, de los cuales $14,9 billones son exigibles en menos de un año, es decir, fallos ya en firme o en proceso de cobro ejecutivo que el próximo gobierno tendría que pagar de inmediato.Deudas y brechas, según la Contraloría. Infraestructura para el paísEn energía y gas, los subsidios acumulados ascienden a $10 billones, con 1,3 millones de hogares que aún carecen de servicio y una brecha que requeriría $32 billones para cerrarse.Pero la cifra más contundente del informe corresponde a la deuda histórica con las víctimas del conflicto: $133 billones entre reparaciones colectivas e individuales, de los cuales 7,8 millones de personas seguían sin ser reparadas a febrero de 2026.En infraestructura, el organismo documentó vigencias futuras vencidas y pagos pendientes por más de $1,4 billones en proyectos viales estratégicos como Puerto Salgar-Barrancabermeja, Sabana de Torres – Curumaní, Buenaventura-Lobo Guerrrero, Popayán-Santander de Quilichao y Ruta del Sol III.Deudas y brechas en insfraestructuraAdemás $976.000 millones de vigencias futuras que quedaron reducidas unilateralmente a diciembre de 2025 (Canal del Dique y Mulaló – Lobo Guerrerro).El hacinamiento carcelario también sería un problema para el próximo gobierno: se necesitarían $7 billones para habilitar nuevos cupos penitenciarios.En el sector agropecuario, los $1,9 billones en subsidios VIS Rural pendientes equivalen, al ritmo actual de ejecución, a 39 años para saldar la obligación.La Contraloría concluyó que el conjunto de estas brechas exigirá decisiones de priorización presupuestal desde los primeros meses del nuevo gobierno, bajo el riesgo de que varios frentes escalen a crisis de mayor impacto fiscal y social.