Impuestos a los cigarrillos. Foto: Canva¿Subir o no subir los impuestos a los cigarrillos? Esta es una de las preguntas que suele marcar el debate sobre nuevos instrumentos de política fiscal y la necesidad de mitigar los efectos de este producto en la salud. Sin embargo, hay un elemento al que no siempre se le da el mismo peso, pese a su impacto en las dinámicas de consumo: el mercado ilegal.Las mediciones más recientes muestran que el comercio ilícito de cigarrillos ya supera el 35 % del mercado total en Colombia, con incidencias mucho más altas en departamentos como Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Tolima.Y es que en el país, la política tributaria sobre el tabaco incide de manera simultánea en tres dimensiones: la salud pública, el recaudo territorial y los incentivos económicos que alimentan el contrabando y las finanzas ilegales.Así lo evidencia un estudio reciente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que explora por qué este tipo de medidas fiscales no puede dejar por fuera el impacto del contrabando de cigarrillos. Destacado: La mayor feria del calzado de América Latina llega a São Paulo con el 75 % de la industria de BrasilMás impuestos no es igual a menos consumoEl trabajo construye un modelo económico que permite cuantificar cómo un cambio en los impuestos modifica tanto el consumo total como la participación del mercado ilegal y el recaudo fiscal.De acuerdo con el análisis, la práctica común es justificar un aumento tributario con base en dos argumentos válidos: salud (menos consumo) y recaudo (más ingresos). No obstante, la evidencia sugiere que, aunque un incremento en los impuestos a los cigarrillos legales reduce el consumo, una parte considerable del ajuste ocurre por sustitución hacia el mercado ilegal.“Existe un umbral del impuesto a los cigarrillos más allá del cual un aumento adicional en este impuesto reduce el recaudo, sin lograr una disminución proporcional del consumo total y provocando, además, un aumento marcado tanto en la participación del mercado ilegal como en las rentas criminales que perciben los grupos criminales que controlan el contrabando”, destaca el reporte. Para dimensionar el impacto, el estudio toma como referencia la tarifa vigente para 2025, de $4.068 por cajetilla de veinte cigarrillos, así como un consumo estimado de 368 millones de cajetillas al año. También considera el valor propuesto en el decreto de emergencia económica emitido a finales del año pasado, que elevaría el impuesto a $11.200 por cajetilla.En términos de consumo, el modelo muestra que, si el tributo específico se eliminara, el consumo total aumentaría en alrededor de un 28 %. Esto se traduce en un nivel cercano a los 470 millones de cajetillas al año. Otro escenario muestra que si el impuesto aumentara más allá de su nivel actual hasta la cifra propuesta en el decreto, el consumo total se reduciría un 9,5 % (333 millones de cajetillas al año), pero tendría un efecto directo en la composición del mercado, aumentando la participación del frente ilegal a cerca de un 90 %.Destacado: Oxford Economics revela proyecciones menos optimistas para el PIB de América Latina, aunque Colombia podría ser la excepciónCon un incremento desmedido en los tributos al cigarrillo , las regiones dejarían de recibir cerca de $1 billón. Foto: CanvaImpacto en los ingresos El informe también señala que la relación entre el impuesto a los cigarrillos legales y el recaudo sigue una forma de U invertida.En términos simples, subir el impuesto a los cigarrillos no siempre significa recaudar más dinero. Cuando el aumento es moderado, el recaudo crece hasta alcanzar un punto máximo cercano a los $970.000 millones anuales. Sin embargo, a partir de ese nivel (muy próximo al impuesto actual), nuevos incrementos empiezan a tener el efecto contrario.Esto ocurre porque se reduce la compra de cigarrillos legales y gana terreno el mercado ilegal. De hecho, si el impuesto subiera significativamente, los ingresos podrían caer hasta en un 75 %, ubicándose alrededor de los $240.000 millones.En cuanto a cómo esto se traslada a las rentas ilegales, los resultados sugieren que con un impuesto de $11.200 por cajetilla, los ingresos que perciben los grupos criminales vinculados al contrabando de cigarrillos aumentarían de manera sustancial, pasando de un nivel cercano a los $395.000 millones estimados bajo el nivel actual del impuesto, hasta un nivel superior a los $900.000 millones.“La implicación fiscal es la siguiente: subir los impuestos a los cigarrillos de origen legal no garantiza más recaudo si el país ya está cerca (o más allá) del punto donde el mercado ilegal absorbe desproporcionalmente el crecimiento del diferencial de precios”, resalta el documento. Lo anterior también genera un impacto en los ingresos que reciben las regiones, porque reduce los recursos departamentales disponibles para gasto en salud, recreación y deporte. “Una paradoja importante que resulta del análisis es que, si el contrabando erosiona el recaudo del impuesto que financia rubros de salud y deporte, parte del objetivo de salud pública se debilita por el lado fiscal”, añade el análisis. Comportamiento del recaudo con el alza en el impuesto. Foto: Universidad de los Andes.¿Cuál es el camino a seguir?El estudio resalta que, en presencia de un mercado ilegal grande y flexible, el diseño de los impuestos a los cigarrillos debe internalizar no solo el efecto en consumo y recaudo, sino también el efecto en contrabando y rentas criminales. Eso incluye incorporar el “canal ilegal” en las discusiones de política pública en torno a los impuestos a los cigarrillos, evitar aumentos abruptos del impuesto a los cigarrillos de origen legal, tratar impuestos y control al contrabando como políticas complementarias y proteger las finanzas territoriales. “Esto es un llamado de atención para que, en el Gobierno Nacional y el Congreso, se tengan en cuenta estas dimensiones. De ninguna manera el trabajo dice que no se deban cobrar impuestos a los cigarrillos. El punto es que, al diseñarlos, no se evalúe únicamente el efecto sobre el consumo legal, porque eso lleva a estimaciones equivocadas de los beneficios en salud pública cuando hay contrabando”, aseguró Daniel Mejía, coautor del estudio. En ese sentido, la discusión sobre los impuestos a los cigarrillos no se agota en cifras de consumo o recaudo. También abre preguntas sobre sus efectos sociales, desde el impacto en economías informales hasta el fortalecimiento de estructuras ilegales en ciertos territorios.En otras palabras, diseñar este tipo de políticas exige una mirada más integral, que no solo mida cuánto se recauda o cuánto se consume, sino cómo se transforma el entorno en el que operan.Destacado:Los 5 frenos que mantienen estancada la Ley de Competencias: debate en el Congreso comenzaría en junio