Ni el aval de sindicatos y patronal a la medida impedirá un nuevo choque judicial de la Generalitat Valenciana al Gobierno central. Esta vez, a cuenta del decreto de regularización de personas extranjeras en situación irregular aprobado el martes en el Consejo de Ministros y que en tierras valencianas podría tener un impacto de unas 100.000 personas que conseguirían los "papeles", algo que aplauden tanto la CEV como UGT PV y CCOO PV al considerarlo una "buena medida", pero que para el Consell se ha hecho sin previsión ni fondos por lo que va a "poner en riesgo" los servicios públicos. Seguir leyendo....