Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Foto: UNGRDEl escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) toma un nuevo rumbo judicial. Lo que parecía encaminarse hacia una resolución anticipada con colaboración del principal implicado, ahora cambia de dirección y abre la puerta a un proceso más largo y de mayor impacto político y judicial.Lea también: Presidente de la ANI le prometió a Petro que tren interoceánico tendría estudios listos antes del 7 de agosto, pero plazos no se cumpliránLa Fiscalía General de la Nación confirmó este jueves 16 de abril que radicó el escrito de acusación contra el exdirector de la entidad, Olmedo de Jesús López Martínez, lo que implica que el proceso avanzará hacia juicio.Este giro se produce tras la caída del preacuerdo que había permitido suspender parcialmente la acción penal en su contra, a cambio de colaboración con la justicia, en el marco de la investigación por el entramado de corrupción que afectó la contratación de la entidad.Según el comunicado oficial de la Fiscalía, ya se formalizó la acusación contra López por su presunta responsabilidad en delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.Este paso es determinante porque marca el tránsito hacia la etapa de juicio, donde se definirán responsabilidades penales en uno de los casos de corrupción más relevantes del Gobierno Petro y en el que hay implicados altos funcionarios.El propio Olmedo López había manifestado previamente su intención de colaborar con la justicia. De hecho, “expresó su voluntad de aceptar los cargos para recibir sentencia de manera anticipada”, según el comunicado de la Fiscalía. Sin embargo, ese camino se rompe con la nueva decisión del ente acusador.Los hechos en la UNGRD que sustentan la acusación contra Olmedo LópezDe acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados están relacionados con un esquema de direccionamiento de contratos dentro de la UNGRD.También le puede interesar: Dura advertencia de la Corte sobre la tutela en Colombia: ciudadanos deben tener cuidado “Los elementos materiales probatorios indican que, en ejercicio de su cargo y como ordenador del gasto, inicialmente favoreció a un contratista específico con la orden de proveeduría 192 de 2023, que ascendió a $48.600 millones”, detalló la entidad.Este contrato tenía como propósito el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira, una región históricamente afectada por la escasez de agua.Sin embargo, el proceso habría sido manipulado. Según la Fiscalía, “por esta intervención ilegal habría recibido una dádiva de $724 millones y permitió que terceros se apropiaran de $13.340 millones”.El caso no se limita a un solo contrato. También se menciona otra operación irregular: la orden de proveeduría 185 de agosto de 2023, orientada a beneficiar a una corporación mixta indígena.En este segundo caso, el contrato superó los $29.000 millones para la adquisición de carrotanques, y se habría presentado una apropiación de recursos por $11.114 millones.El giro judicial cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que, meses atrás, López Martínez había logrado un principio de oportunidad con la Fiscalía.En agosto pasado, un juez de control de garantías legalizó ese acuerdo, que contemplaba la suspensión parcial de la acción penal a cambio de colaboración con la justicia.El exdirector se comprometía a servir como testigo contra otros involucrados en el entramado de corrupción y a reconocer su responsabilidad en los hechos.Además, había aceptado cargos por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso.Puede interesarle leer: Petro vs alcaldes: presidente amenaza con cárcel y Asocapitales le responde Ese acuerdo tenía una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga. Sin embargo, la radicación del escrito de acusación indica que el proceso toma un rumbo distinto y que la estrategia judicial cambia.