La CNMC investiga a seis compañías por su implicación en el apagón, entre ellas Iberdrola y Red Eléctrica

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El regulador del sector eléctrico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha publicado este viernes una lista de seis compañías eléctricas que van a ser investigadas por su posible implicación en el apagón del 28 de abril del año pasado. Los funcionarios consideran que estas empresas presuntamente fallaron a la hora de cumplir sus obligaciones de controlar y estabilizar la red eléctrica, y la suma de esos errores contribuyó a que aquella mañana se produjese un cero eléctrico en España y Portugal que duró 16 horas.Las energéticas señaladas son, ordenadas por número de procedimientos incoados: Iberdrola (7), Endesa (7), Naturgy (5), Red Eléctrica (1), Repsol (1) y Bahía Bizkaia Electricidad (1). Dos de los expedientes atribuidos a Endesa e Iberdrola corresponden a una investigación específica sobre la central nuclear de Ascó, en Tarragona.De esta manera, el regulador pone el ojo sobre las principales compañías energéticas del país, siendo Iberdrola la mayor comercializadora de España, seguida de Endesa, Naturgy y Repsol. En el caso de Red Eléctrica (REE) se trata del operador del sistema.Salvo Red Eléctrica, a todas las empresas se las acusa "presuntamente" de saltarse el artículo 65.8 de la ley del sector eléctrico, mientras que al operador se le investiga por incumplir presuntamente el artículo 64.25. La infracción del artículo 65.8 se considera "grave" según esa normativa, mientras que la 64.25 se tipifica como "muy grave".Según esa normativa, una infracción muy grave se pena con multas de entre 6.000.000 y 60.000.000 euros, mientras que una grave se penaliza con entre 600.000 y 6.000.000 de euros. En ambos casos, la ley recoge también la posibilidad de "inhabilitación de actividades del sector eléctrico", "suspensión de las autorizaciones" o "pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones" durante un periodo de hasta un año (en el caso de infracciones graves) o tres años (muy graves), "La CNMC ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas", ha publicado el regulador, aunque añade que "los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial". Tampoco garantiza que estas investigaciones resulten en una acusación concreta a estas compañías.El artículo 65.8, que presuntamente se han saltado cinco de las seis señaladas, es una versión atenuada de otros tres artículos "muy graves" de la ley del sector eléctrico, que se resumen en que las empresas desconectaron sus instalaciones o no cumplieron con los criterios técnicos necesarios. Cuando esos fallos "no concurran las circunstancias de riesgo de garantía del suministro o peligro o daño grave para las personas, bienes o medio ambiente" pasarán de juzgarse como "muy graves" a "graves", de manera que se sobreentiende que la CNMC no considera que estas compañías, por sí mismas, pusieron en riesgo la garantía del abastecimiento eléctrico aquel día.En el caso del artículo 64.25, que presuntamente incumplió Red Eléctrica, supone a su vez fallar en cuatro puntos del artículo 30 de esa ley, la que recoge las obligaciones del operador del sistema. Esos cuatro apartados, resumidos, explican que REE debe "programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica (...) de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad", así como "proporcionar a todos los gestores de las redes información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada".Tanto la investigación oficial del Ministerio de Transición Ecológica como la llevada a cabo por los expertos independientes europeos concluyeron que docenas de instalaciones eléctricas de generación dejaron de operar correctamente en los instantes previos al apagón. Primero, dos plantas del suroeste de España fallaron, dando lugar a fuertes oscilaciones de frecuencia y tensión en la red. El operador de la red, Red Eléctrica, puso entonces en marcha diversas medidas para paliar esos desajustes, que a su vez provocaron un incremento de la tensión progresivo que terminó tirando la red.Pero no fueron las únicas. A medida que subió la tensión, se comenzaron a desconectar por seguridad plantas solares y eólicas de todo el país, pero lo hicieron cuando los niveles de esta se situaban todavía por debajo de lo que la normativa obliga a soportar. Esta situación  agravó el problema aún más porque se generó un efecto dominó: aumentó aún más la tensión y provocó que otras plantas se desconectasen.En concreto, la red de transporte tiene una tensión media de 400 kV, pero todos los que se conectan a ella deben soportar picos de hasta 435 kV. Según el estudio de los investigadores europeos, publicado en marzo, de las 19 subestaciones eléctricas –los nudos a los que se conectan los generadores de una zona– que se estudiaron, solo seis se apagaron dentro del rango legal, nueve incumplieron y del resto no se hallaron datos concluyentes.Las plantas renovables no son las únicas que fallaron ese día. Las plantas térmicas –principalmente las centrales de gas natural– tenían la obligación de controlar la tensión de la red, pero "algunas" de ellas, según el informe europeo, fallaron a la hora de hacerlo, incumpliendo los procesos de operación de Red Eléctrica y contribuyendo al apagón. Esas instalaciones reciben una remuneración millonaria por ese trabajo, que en 2025 ascendió a 1.200 millones de euros–.La lista de eléctricas investigadas por la CNMC se ha publicado en la tarde del viernes, si bien el regulador ya anunció por la mañana que iniciaba estas investigaciones. La razón para no publicar hasta las 18:00 horas es que debían esperar a que cerrase el Ibex-35, donde cotizan algunas de estas compañías. Una medida tomada para evitar un impacto directo en su valor bursátil.