El Consell de Garanties Estatutàries considera que la Generalitat no tiene competencias para sancionar a las empresas que vulneren derechos humanos, tal y como recoge la proposición de ley para la creación del Centre Català d'Empreses i Drets Humans impulsada por PSC, Junts, ERC y Comuns. La tramitación de la norma, que estaba previsto votar hace un mes, quedó paralizada después de que Junts y el PP solicitaran un dictamen sobre su constitucionalidad al órgano consultivo, cuya resolución no es vinculante.Seguir leyendo....