Nueva EPS en vilo por atención y medicamentos tras billonario embargo. Foto: Valora AnalitikEl gobierno del presidente Gustavo Petro seguirá buscando desenredar los problemas financieros de la Nueva EPS, con una nueva resolución se conoció que la entidad seguirá intervenida por un periodo de un año.Mediante la Resolución del 10 de abril, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó una nueva toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios de la aseguradora, que regirá hasta el 10 de abril de 2027. El encargado de administrarla será el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.Nueva EPS lleva intervenida desde abril de 2024. Pero el diagnóstico que la sustenta esta vez es más severo. Tras dos años de control estatal, la entidad persiste en las mismas causales que motivaron la intervención original —incumplimiento de normas y deterioro financiero— y ahora acumula una tercera: graves inconsistencias en la información que reporta a la Supersalud.Las cuentas que nadie puede cuadrarUno de los hallazgos más críticos de la resolución es el represamiento de cuentas médicas. Al inicio de la intervención, en 2024, el rezago era de $5,7 billones en facturas sin procesar. A diciembre de 2025, esa cifra casi triplicó: $14,9 billones, correspondientes a más de 14,2 millones de facturas pendientes. El problema no solo es el volumen, sino lo que implica: sin procesar esas cuentas, es imposible conocer el pasivo real de la entidad ni garantizar pagos a la red de prestadores.La EPS tampoco ha presentado sus estados financieros desde 2023. La Asamblea De Accionistas nunca los aprobó, lo que bloqueó el cierre contable de los años posteriores e impidió el reporte oficial a la SuperSalud.Sin mejoras en la atenciónEn el frente operativo, los números tampoco son alentadores. Las reclamaciones de los afiliados crecieron un 37 % entre enero de 2024 y enero de 2025. Durante la prórroga de la intervención, ese ritmo se mantuvo: un 14,25 % de aumento anual en solicitudes, con una tasa mensual de reclamos —33,97 por cada 10.000 afiliados— que supera el promedio nacional.Superintendecia de Salud. Foto: SuperSalud. Las quejas se concentran en falta de oportunidad para citas con especialistas —oftalmología, ortopedia, urología—, demoras en la entrega de medicamentos e insumos, y barreras de acceso en los regímenes subsidiado y contributivo. En departamentos como Santander, Valle del Cauca, Bogotá y Atlántico, los reclamos por medicamentos sin entregar sumaban miles de casos abiertos al corte de marzo de 2025.La siniestralidad total alcanzó el 106 %, y el indicador de patrimonio adecuado registra un déficit de $2,4 billones. El de capital mínimo, negativo desde febrero de 2024, suma un faltante de $1,25 billones.Un año para decidir si sobreviveLa resolución le ordena a Ospina presentar un plan de trabajo en los 30 días calendario siguientes a su posesión. Las tareas son de fondo: sanear las cuentas por pagar a la red prestadora, diseñar estrategias de recuperación financiera, depurar la cartera con la Adres, reducir la siniestralidad y resolver las reclamaciones en salud con énfasis en casos de riesgo vital.Pero más allá del plan, la nueva intervención tiene un propósito mayor: determinar si Nueva EPS puede ser viable o si debe liquidarse. Así lo establece el artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que obliga al interventor a presentar, antes del vencimiento de la medida, un informe definitivo sobre si la entidad puede retomar su objeto social, si hay operaciones que mejoren su situación o si procede la disolución.El nuevo interventor de la Nueva EPSIván Ospina es un médico y político colombiano, reconocido por haber sido alcalde de Cali en dos periodos (2008-2011 y 2020-2023).Hijo del exguerrillero del M-19 Iván Marino Ospina, ha estado ligado a sectores de izquierda y movimientos alternativos. Es médico cirujano de la Universidad Santiago de Cali y tiene estudios en salud pública, lo que marcó su enfoque en políticas sociales, atención primaria y manejo de la pandemia durante su segunda alcaldía.Su administración (2020-2023) estuvo atravesada por el estallido social de 2021, donde Cali fue epicentro de protestas, bloqueos y confrontaciones, lo que marcó su gestión en materia de orden público.Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali/Foto: MinTransporte.Ospina ha estado bajo la lupa de los entes de control por presuntas irregularidades durante su segunda administración, especialmente en contratación pública.La Fiscalía General de la Nación lo imputó por presunto interés indebido en la celebración de contratos. El caso se centra en un contrato para el alumbrado navideño de Cali en 2020, donde, según el ente acusador, habría existido direccionamiento para favorecer a un contratista específico.La Procuraduría General de la Nación también abrió indagaciones por posibles irregularidades en contratación y manejo administrativo. Estas actuaciones buscan establecer si hubo faltas disciplinarias en la gestión de recursos públicos.