La instancia superior advierte del error del abogado de Alberto González Amador al recurrir ante ellos un auto de la anterior jueza del caso ordenando implicar a la UCO en la investigación, pero pidiendo en él que se archivara la causa y sin haber presentado antes el recurso ante el instructorLa UCO espera desde hace tres meses la autorización del juez para acceder a las cuentas y sociedades del novio de Ayuso La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por las defensas de Alberto González Amador y sus empresas contra el auto de junio de 2025 en el que la anterior jueza del caso ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar la pieza separada dedicada al presunto soborno de un directivo de Quirón por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial advierten que, pese a recurrir el auto en el que la jueza Inmaculada Iglesias, se ceñía a exponer los motivos que hacían necesaria la implicación de la unidad especializada de la Guardia Civil, la defensa de González Amador solicitaba el archivo de las actuaciones. Los tres magistrados se pronuncian en contra de tales pretensiones. “La decisión del juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos es, en definitiva, la admisión de práctica de diligencias de investigación, tal y como regula el artículo 777 de la Lecrim, y contra la que no cabe recurso”, afirman los magistrados en su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es. Y continúan: “Ahora bien, según constata en el escrito de recurso, la finalidad y súplica del mismo no se dirige contra esta decisión, sino que se solicita que se dicte resolución que acuerde el sobreseimiento de las actuaciones, petición que no se ha efectuado ante el juzgado de instrucción y respecto de la que este tribunal, con funciones revisorias, no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el instructor”. En fecha por concretar, probablemente en 2027, el empresario y comisionista Alberto González Amador se sentará en el banquillo por otra investigación, ya concluida. La Fiscalía le pide 3 años y 9 meses de cárcel dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos. Además, la UCO solicitó el pasado 19 de diciembre al juez Antonio Viejo autorización para acceder a la información de las empresas y las cuentas bancarias de Alberto González Amador, sin que los agentes hayan recibido respuesta hasta el momento, revelan a elDiario.es fuentes del caso. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegan la enorme carga de trabajo para el magistrado, una vez se hizo cargo del juzgado en octubre por jubilación de su antecesora.