Foto: Valora AnalitikLos congresistas ven posible que, antes de que termine el actual periodo legislativo en junio, se discuta al menos una vez el proyecto de ley de competencias que complementará la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Sin embargo, para la construcción de la ponencia del primer debate de esta iniciativa que le apunta a fortalecer la autonomía regional y la descentralización en el país son necesarias 10 audiencias públicas, de las cuales solo ha ocurrido una.Con o sin este avance, al nuevo Congreso, conformado por los senadores y representantes que salieron favorecidos en las elecciones de marzo, le corresponderá dar el visto bueno al articulado que quedó radicado a finales de 2025.Y es que el avance del proyecto de ley de competencias ha enfrentado un camino prolongado debido a la complejidad técnica, los requisitos legales de consulta y la necesidad de construir consensos políticos en un tema históricamente sensible.El exministro Juan Fernando Cristo recordó que, según lo establecido en la reforma al SGP, aprobada en 2024, el proyecto debe estar aprobado en su totalidad por el Senado y la Cámara antes de que finalice este año.Esto es necesario para que el proceso de incremento de las transferencias regionales, del 29 % de los ingresos de la Nación actual hasta el 39,5 % en un periodo de 12 años, pueda comenzar a implementarse a partir del 1 de enero de 2027.Aquí la ley de competencias es clave porque ella busca que el giro de recursos esté estrictamente atado a la asunción de responsabilidades claras por parte de los entes territoriales para evitar duplicidades con la nación.Vale la pena recordar que tras las reformas de 2001 y 2007, el porcentaje de estos ingresos destinado al SGP promedió un 25 %, llegando a caer al 23 % durante la pandemia.Las razones detrás del retrasoAntes de ser radicado, el proyecto ya había requerido un proceso largo y deliberado. El viceministro del Interior, Jaime Berdugo Pérez, explicó que se llevaron a cabo aproximadamente 150 mesas técnicas entre los ministerios de Hacienda, Interior, Vivienda, Educación y Salud para redactar el primer borrador.Además, por su naturaleza, la ley debió surtir un proceso obligatorio de consulta previa con los pueblos indígenas de Colombia, el cual comenzó el 12 de agosto de 2025 y terminó con su protocolización el 28 de agosto de ese mismo año.Tras la consulta previa, se inició una etapa de diálogo con sindicatos, la academia, el sector productivo y organizaciones que agrupan a los entes territoriales, lo que generó un volumen importante de observaciones que debieron ser procesadas, en detalle se recogieron más de 3.000 observaciones durante este ejercicio.Incluso el exministro Cristo, autor del acto legislativo que dio origen a esta ley, afirmó que hubo una demora excesiva en la radicación del proyecto por parte del Gobierno Nacional, pues el texto se presentó a finales de 2025, lo que ha acortado los tiempos del Congreso para una discusión tan profunda.Para completar, el debate ha estado frenado por años debido a argumentos en contra de la descentralización, como el riesgo de corrupción en las regiones y la supuesta falta de capacidad técnica de los municipios para gestionar recursos, lo que ha requerido un esfuerzo adicional para construir un gran acuerdo nacional.