Congreso de Colombia. Foto: @AngelicaLozanoCRecientemente, un conjuez del Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el Decreto 0030 de 2026, expedido por el Gobierno nacional bajo la administración del presidente Gustavo Petro. La norma dispone la eliminación de una prima que hacía parte de la remuneración de los congresistas, una decisión que ha generado debate jurídico y administrativo por sus posibles implicaciones en el sistema salarial del sector público.El decreto establece que la medida entraría en vigor el 20 de julio de 2026. A partir de esa fecha, no solo se verían afectados los ingresos de los miembros del Congreso, sino que también se producirían efectos indirectos sobre la remuneración de otros funcionarios del Estado, debido a la estructura interdependiente del régimen salarial en Colombia.La demanda fue interpuesta por el abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, quien, tras subsanar los requisitos exigidos en una etapa previa del proceso, logró que el alto tribunal admitiera el recurso. Este paso inicial abre la puerta al análisis de fondo sobre la legalidad del decreto y su compatibilidad con la Constitución.Cabe señalar que la disposición elimina la denominada prima especial de servicios, vigente desde 2013. Este componente salarial había reemplazado otros factores de remuneración y, con los ajustes acumulados a lo largo del tiempo, representaba un ingreso adicional cercano a los 16 millones de pesos mensuales para los congresistas. La eliminación de este beneficio implica una reducción significativa en sus ingresos totales.