Un poco después de las 20:15 horas de este jueves, la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández, salían de sus despachos para anunciar ante los medios de comunicación que había acuerdo. “Hemos acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas, gana la democracia frente a la crispación”, sostenía Guardiola ante los micrófonos. Ahora, Fernández puede apuntarse el tanto de una victoria ante el PP, ya que el candidato de Vox será el que dirija la recién creada Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, un departamento que concentrará competencias estratégicas en política social, burocracia administrativa e incluso áreas vinculadas a inmigración y seguridad.Un modelo que Abascal ha plagiado a su homólogo en Argentina, Javier Milei. En 2024, el mandatario ultraliberal argentino creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, un organismo orientado a eliminar trabas burocráticas, derogar leyes consideradas innecesarias y fomentar la libre competencia, bajo la dirección de Federico Sturzenegger. El nuevo acuerdo entre el PP y Vox para el Gobierno de Extremadura contempla 74 medidas, la mayoría de ellas centradas en materia migratoria y que son un brindis al sol, ya que la ley de extranjería es de aplicación nacional. Además, el partido ultra dirigirá la Consejería de Agricultura y contará con un senador por designación autonómica. Guardiola quiere contentar a Vox y le entrega, de este modo, dos departamentos que son seña de identidad de la formación de Abascal. Desde el partido verde defienden que la nueva consejería será una herramienta para impulsar la reducción de trabas administrativas, aplicar políticas sociales bajo su marco ideológico y reforzar medidas relacionadas con la “prioridad nacional”. Las acciones que se llevarán a cabo desde esta nueva consejería de Desregulación son, entre otras: la supresión de ayudas económicas para las ONG que asistan a extranjeros, el compromiso de no habilitar más plazas en centros de acogida, la prohibición del uso del burka y niqab en espacios públicos o el retorno de los menores migrantes no acompañados. Hay medidas que incluso tienen plazo de cumplimiento. Antes del mes de septiembre se tendrá que haber creado una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva para así tener un mayor control de los empadronamientos de los inmigrantes. Además, y también antes de dicho mes, tendrán que suprimir la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.Otras de las que incluyen el acuerdo, como la prohibición del burka y el niqab, eran debates que, aunque ya parecían cerrados desde hace años, se han reabierto. Aun así, el pasado martes el Congreso rechazó su prohibición en una propuesta impulsada por Junts, después de haber tumbado el pasado mes de febrero una iniciativa similar. Esa vez, claro, los impulsores eran los diputados de Vox. Ya en 2013 sucedió algo similar. Por aquel entonces, el Tribunal Supremo declaró nula la prohibición del velo integral que había aprobado el Ayuntamiento de Lleida. Además, la institución advirtió del riesgo de aislamiento que estas medidas podrían generar en las mujeres a las que se buscaba “proteger” y que no era posible saber si todas las que lo llevaban lo hacían por coacción externa. Además, el nuevo Ejecutivo se “opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. Tampoco destinarán un solo euro a facilitar su entrada o acogida en Extremadura. Pero el pacto no se queda ahí, e incorpora el compromiso de trabajar “activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen” a través de “acuerdos con los países de origen”.Extremadura es uno de los lugares en España que está perdiendo habitantes más rápidamente. De hecho, según las proyecciones del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), la comunidad podría ver reducida su población en casi 149.000 habitantes de aquí a 2049, una caída del 14% en tan solo 25 años. Esto tiene una traducción clara: menos mano de obra. La situación podría solventarse con la llegada de migrantes, que podrían revitalizar la economía de zona. Algo que no pasará con el nuevo Gobierno de PP y Vox. “Han conseguido incrementar su población en 2025 por los migrantes que van allí a trabajar”, asegura Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de la Fundación porCausa. “Extremadura necesita mucha inmigración para hacer frente a lo que viene”, sentencia. Esto por no hablar de que la ley de extranjería es de ámbito nacional. Es decir, los gobiernos regionales no pueden decidir si dejan entrar a los migrantes o no. Los traslados o las regularizaciones son competencia del Estado. “Lo que están haciendo es abrir un debate social sobre un problema que en Extremadura no existe para generar tensión social en la comunidad. Esto está en línea del discurso de Vox, lo vergonzoso es cómo el PP está comprando este discurso, representando no a sus votantes, sino a los de Vox”, añade la directora de porCausa. Este miércoles, uno de los diputados de Vox en Murcia señaló que hay que combatir el aborto "incluso con violencia". Dos días después, se ha conocido que su partido estará a cargo del área de Familia en Extremadura. Además, tendrán las competencias de servicios sociales, inclusión, infancia y familia, las de juventud y las de cooperación internacional al desarrollo. En el caso de Extremadura, la violencia machista ni siquiera es mencionada en el acuerdo. Solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab. Tampoco habrá una consejería de Igualdad como tal. Aun así, ya hay precedentes de lo que sucede cuando Vox entra en los Gobiernos autonómicos. En el caso de Castilla y León, los de Vox propusieron que se obligara a las mujeres que pretendían abortar a escuchar el latido fetal o acceder a una ecografía 4D. No se puso en marcha, pero sirvió para abrir un debate social que ya estaba resuelto –como en el caso de la inmigración en Extremadura–. En Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla dio partidas a organizaciones contrarias al derecho a la libre interrupción del embarazo, destinadas a la implementación de “actuaciones de fomento de la natalidad”. Este era uno de los requisitos pactados con Vox en los presupuestos de 2021. Mientras, las ayudas económicas en materia de igualdad fueron languideciendo y en 2020, dejó sin fondos a más de un centenar de organizaciones feministas. La derogación de la ley de memoria histórica siempre ha sido uno de los objetivos principales de Vox y en algunas comunidades autónomas ya lo han conseguido. Baleares fue la última donde la coalición entre la extrema derecha y los populares consiguieron este objetivo y ya son cinco las comunidades donde PP y Vox están tratando de sustituir esta norma por una ley de “concordia”.Así sucedió en octubre de 2025 precisamente en Extremadura. La norma salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y Vox y el rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura. Una ley cuyo objetivo trata en principio de “preservar, mantener y reforzar la concordia, la reconciliación y la convivencia de todos los extremeños sobre la base de los principios democráticos recogidos en la Constitución Española”.Esta sustitución también se ha dado en otras autonomías gobernadas por la coalición PP-Vox como Cantabria, Aragón o la Comunitat Valenciana. Con ello, la vuelta a una ley de memoria como ya la hubo en Extremadura se antoja complicada. Para la diputada extremeña por Unidas Podemos, Irene de Miguel, esto “demuestra que el franquismo sigue impregnado en su organización”.