La iniciativa ciudadana sobre los juegos que dejan de funcionar tras su venta recibió una acogida favorable en Bruselas, y la Comisión Europea estudiará posibles medidas.La campaña Stop Killing Games, conocida formalmente en la Unión Europea como Stop Destroying Videogames, ha dado un paso importante esta semana en Bruselas. La iniciativa, que pide impedir que las editoras dejen inutilizables videojuegos ya vendidos cuando cierran sus servicios o desactivan el acceso, celebró el 16 de abril una audiencia pública en el Parlamento Europeo organizada por los comités IMCO, JURI y PETI. Según la página oficial del Parlamento, el objetivo del movimiento es que existan normas para garantizar que esos juegos sigan siendo funcionales incluso cuando termine el soporte oficial.La recepción política fue, además, claramente positiva. Al término de la sesión, el vicepresidente del comité Nils Uakovs resumió el asunto como una preocupación real para millones, y probablemente cientos de millones, de ciudadanos europeos, mientras que desde la propia audiencia se trasladó la idea de que el problema afecta de lleno a los derechos de los consumidores en el actual mercado digital. En paralelo, el director de la Comisión Europea Giuseppe Abbamonte señaló que revisará cómo encaja esta cuestión en la normativa actual y que trasladará sus conclusiones en julio.La iniciativa insiste en que no pide soporte eterno, sino un cierre responsableUno de los puntos centrales de la comparecencia fue aclarar qué persigue exactamente la campaña. Ross Scott, una de las caras más visibles del movimiento, explicó que no están reclamando que las compañías mantengan para siempre la infraestructura online de sus juegos, ni que reactiven títulos ya cerrados, sino que se prohíba la práctica de vender productos que después pueden quedar completamente inutilizados para quienes los compraron. En la información posterior a la audiencia también se destacó que el equipo defiende soluciones prácticas al final de la vida comercial de cada juego, no un cambio radical de todos los modelos de negocio del sector.El caso ha ganado fuerza en Europa después de superar con holgura el mínimo exigido por la Iniciativa Ciudadana Europea. La Comisión confirmó que recibió más de 1,3 millones de firmas verificadas y que tiene hasta el 27 de julio de 2026 para emitir su respuesta oficial, que podrá traducirse en una propuesta legislativa, en otro tipo de medidas o en ninguna acción. Es decir, la audiencia no garantiza todavía un cambio en la ley, pero sí coloca el debate en una fase institucional mucho más seria que hace unos meses.El trasfondo de todo esto lo forman casos como The Crew, cuyo cierre ayudó a impulsar el movimiento, y otros ejemplos recientes (como Anthem) de juegos que han quedado inservibles al finalizar su soporte.