El precio de la vivienda en España cerró 2025 con un precio del metro cuadrado que alcanzó un máximo histórico de 3.298 euros , tras dispararse de forma interanual un 8,9%, el mayor ritmo desde 2006, cuando vivíamos el apogeo de la burbuja inmobiliaria. Que se alcance esa cifra hoy, sin burbuja financiera ni expansión crediticia, revela algo aún más preocupante: el principal factor de distorsión no es el mercado, sino el Gobierno . La ley de Vivienda, que Pedro Sánchez ha permitido que sea capitalizada políticamente por EH Bildu, es una norma que ha fracasado en todos sus objetivos. Con medidas que desincentivan la oferta y agudizan la inseguridad jurídica, ha convertido el acceso a la vivienda en un privilegio inalcanzable para la mayoría. La renovación del mal llamado 'escudo social' a propuesta de la izquierda aberzale –que impide desahucios incluso en situaciones de abuso flagrante– ahonda en la inseguridad jurídica y retrae aún más la oferta de alquiler. El Gobierno ha optado por intervenir precios, penalizar a los propietarios y ampliar las zonas tensionadas, pero ha hecho poco por ampliar el parque disponible. La propia Sociedad de Tasación detalla el origen del desequilibrio: costes de construcción elevados, falta de suelo finalista y plazos administrativos interminables. Así no hay milagro posible. Es cierto que la competencia sobre urbanismo y liberalización de suelo corresponde, en su mayor parte, a comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero el Ejecutivo central no puede escudarse en esa división para justificar su pasividad. Debería haber asumido un rol más activo como impulsor de reformas estructurales, sugiriendo líneas de actuación coordinadas, incentivando el desbloqueo de suelo finalista y premiando fiscalmente a quienes promueven nueva oferta. En lugar de liderar soluciones por el lado de la oferta, ha preferido seguir calentando la demanda con bonos y ayudas de poca entidad. La demanda, entretanto, sigue creciendo. Una vivienda tipo de 100 metros cuadrados alcanza ya los 329.800 euros. Y el esfuerzo inmobiliario se ha endurecido en silencio: el comprador medio necesita 7,6 años de salario íntegro para adquirir una vivienda , una cifra que apenas retrocede desde mediados de 2022 y que marcará una frontera real para miles de hogares. No es que la vivienda sea cara: es que es cada vez más inaccesible en relación con los ingresos reales, especialmente en el caso de los jóvenes. El caso de España contrasta con lo que sucede en otras economías desarrolladas. En Estados Unidos, ciudades que han apostado decididamente por políticas de oferta –como Austin, Charlotte o Nashville– han experimentado caídas de entre el 5 y el 15 por ciento en los precios del alquiler. Y la razón es muy sencilla: han construido más . En nuestro país, seguimos culpando al casero, al turista y al fondo buitre, mientras bloqueamos suelo, estigmatizamos la inversión y sobreprotegemos la ocupación ilegal. Las consecuencias están a la vista: menos pisos disponibles, más caros y menos accesibles. Este 2025 ha sido el año en que el mercado de la vivienda ha dejado de funcionar. No porque lo hayan roto la oferta o la demanda, sino porque está intervenido hasta la parálisis. No hay burbuja, pero los precios se disparan. No hay especulación, pero el acceso se aleja. Y no hay soluciones, porque se ha renunciado a ellas. La vivienda ha sido, sin duda, el mayor fracaso económico de este año. Y el más costoso para los ciudadanos.