El episodio más reciente del reclamo de agua por parte de Estados Unidos se desplegó como una historia de capas superpuestas donde confluyeron la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la presión directa de Donald Trump y la inconformidad de sectores campesinos que observaron el momento como una amenaza a su estabilidad productiva.LEE ADEMÁS: Se mantiene la contingencia ambiental regional en el sureste de la CDMXUna sequía prolongada y excepcional marcó cinco años consecutivos en la cuenca del Río Bravo, justo cuando México impulsó un viraje legal para dejar atrás el modelo instaurado en 1992, que había convertido el agua en mercancía concesionada y transferible, con consecuencias acumuladas de sobreexplotación y concentración del recurso.Mientras el Congreso avanzó con la nueva ley, el debate público se trasladó a los distritos de riego, donde organizaciones agrícolas leyeron el proceso legislativo a la luz de la relación con Estados Unidos y asociaron el cambio normativo con la posibilidad de entregas forzadas de agua, en un clima de incertidumbre alimentado por años de escasez.De manera paralela, Donald Trump apareció como catalizador del conflicto con un libreto reconocible, basado en el emplazamiento público y la amenaza discursiva, al acusar a México de incumplir el Tratado de Aguas de 1944 y al insinuar consecuencias comerciales si los volúmenes pendientes no fluían antes del cierre del año.El discurso del mandatario estadounidense combinó cifras, imágenes de ríos contaminados y referencias sanitarias para construir una narrativa de urgencia dirigida a su base política, en un contexto donde el tratado binacional establece ciclos quinquenales de entrega y contempla ajustes ante sequías extraordinarias.Frente a esa presión, la postura mexicana se sostuvo sobre el terreno técnico y jurídico, con una Cancillería que colocó el tratado como único marco válido de diálogo y una Presidencia que condujo la negociación desde la premisa de la disponibilidad real del recurso y la protección del consumo humano y agrícola en la frontera.El acuerdo anunciado a mediados de diciembre abrió la puerta a la liberación de poco más de 249 millones de metros cúbicos de agua a partir del día 15, volumen respaldado por las lluvias recientes y alineado con las capacidades de infraestructura, bajo un calendario que extendió plazos y ordenó la gestión del ciclo actual.Para Trump, el desenlace resultó útil en términos políticos, al permitirle presentar el episodio como una victoria de presión, mientras que el fondo jurídico permaneció intacto y México conservó el derecho de reponer cualquier faltante dentro del periodo que concluye en octubre de 2030, conforme a las reglas vigentes desde 1944.En el ámbito interno, la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales avanzó pese a bloqueos y protestas, consolidando un giro que recuperó la noción constitucional del agua como bien de la nación y cerró la puerta al mercado privado de concesiones, uno de los núcleos de mayor resistencia entre actores acostumbrados a operar con privilegios históricos.La coincidencia temporal de la reforma legal, la presión estadounidense y la movilización campesina construyó la percepción de un cerco múltiple, aunque el cierre del proceso mostró que la administración de Claudia Sheinbaum sostuvo su agenda interna y manejó la relación bilateral sin sobresaltos institucionales.El episodio volvió a exhibir un patrón recurrente en la relación con Trump, donde la presión pública funciona como herramienta política y el desenlace depende de la solidez jurídica y la capacidad de absorber los embates con cálculo y paciencia diplomática.Al final, el agua dejó de ser solo un recurso natural para convertirse en pulso político, símbolo de soberanía y prueba de coordinación institucional, en un cierre de año donde México atravesó la presión externa, aprobó su reforma constitucional y mantuvo el control del tablero.El episodio dejó una lección recurrente en la relación con Trump: la presión pública forma parte del método, pero el margen de maniobra lo define la solidez jurídica y la capacidad de aguantar los embates sin sobrerreaccionar: una fórmula que permitió a México cerrar el capítulo sin costos estructurales.The post El agua como pulso político: un cierre de año entre presas, leyes y presión exterior first appeared on Ovaciones.