El alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk , ha tachado directamente de «escandalosa» la decisión de Israel de revocar los permisos de operaciones a 37 organizaciones de ayuda en la franja de Gaza, según recoge la agencia Europa Press. «Esta es la última de una serie de restricciones ilegales al acceso humanitario, incluida la prohibición de Israel a nuestra agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) así como ataques a ONG israelíes y palestinas en medio de problemas de acceso más amplios que enfrentan las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios», ha lamentado el alto comisionado. Desde el inicio de este año, unas 37 oenegés han visto cómo sus actividades en Oriente Próximo deben ser detenidas en un plazo de 60 días –1 de marzo– tras la entrada en vigor de la prohibición de Israel a estas organizaciones para operar. La nueva normativa impuesta por las autoridades israelíes incluye una serie de documentos sobre las actividades de las organizaciones así como un listado completo de los empleados. El argumento israelí se sostiene en que quieren comprobar si las organizaciones y sus empleados son sospechosos de colaborar con «organizaciones terroristas». De hecho, Israel ha acusado en numerosas ocasiones a la misión de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y a otras organizaciones con objetivo humanitario de colaborar con el grupo terrorista Hamás. Desde Médicos Sin Fronteras, la coordinadora de emergencias para Gaza, Claire San Filippo , ha denunciado que su organización «sigue esperando la renovación de su registro para operar en la Franja y Cisjordania bajo los nuevos requisitos israelíes», no obstante, asegura que «no nos proporcionaron criterios ni garantías claros». Por otro lado, San Filippo ha rechazado tajantemente las acusaciones de que el personal de MSF mantenga vínculos «con grupos armados» y denuncia que «tales afirmaciones sin pruebas pone en riesgo al personal humanitario y socava el trabajo médico crítico que se hace». Por último, ha advertido de que «el sistema de salud palestino está destruido» y ha alertado de que si las oenegés pierden acceso, «cientos de miles de palestinos quedarían privados de atención esencial». Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares , a calificado de «inaceptables» las trabas impuestas por el Gobierno israelí, donde ha advertido de que «la situación humanitaria en Gaza es catastrófica». Y añade que «las trabas a ONG son inaceptables y agravan la situación». En la misma línea, El Gobierno palestino ha condenado sin paliativos la entrada en vigor de la orden de revocación promulgada por Israel a la actividad de las oenegés en Gaza, lo que consideran una medida «arbitraria» con el objetivo último de eliminar «testigos» que puedan denunciar violaciones del derecho Internacional: «Estas instituciones brindan asistencia humanitaria, sanitaria y ambiental vital a nuestro pueblo, especialmente en la franja de Gaza, en un momento en que el pueblo palestino sufre genocidio y hambruna, que Israel ha utilizado como arma de guerra».