El anuncio por parte de la vicepresidenta María Jesús Montero de que España dejará de considerar próximamente a Gibraltar como un paraíso fiscal supone un importante paso para consolidar un contexto socio-económico que dé soporte al acuerdo alcanzado entre España, Reino Unido y Gibraltar, un acuerdo que, hay que recordar, evita cualquier referencia a la soberanía de la Roca y se centra en facilitar la movilidad de personas y mercancías en la comarca tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) y promover su desarrollo económico.La OCDE hace tiempo que sacó de sus listas a Gibraltar como paraíso fiscal, pero España nunca llegó a hacerlo, ya que hasta ahora ha seguido considerando a la colonia británica “una jurisdicción no colaborativa”, que no deja de ser un eufemismo para referirse a un paraíso fiscal.Esta decisión se trata de un importante paso por parte de España, que debe ser valorado en su justa medida por las autoridades británicas ya que se trata de un significativo cambio en la percepción de normas y actuaciones por parte de la Roca cuando es evidente que las modificaciones reales en este sentido apenas se van a producir. España opta por la alta política para favorecer el desarrollo de un acuerdo que pretende que, en la medida de lo posible, implique de manera positiva a una comarca con muchos problemas –pero también con muchas posibilidades– como es el Campo de Gibraltar.La creación de un área de desarrollo (relativamente) homogeneizada, que pueda servir de palanca para acelerar el progreso económico de la comarca en su conjunto, es una de las razones del pacto, más allá de una simple ‘comodidad’ en cuanto a los desplazamientos o un ‘esteticista’ fin de la Verja como frontera física.Se trata de un acuerdo muy sensible con el que hay que hay que ir con mucho cuidado. Hay distintos temas que no se han contemplado en el mismo y que, efectivamente, en un primer vistazo puede que sean periféricos, pero que tendrán implicaciones directas en la calidad de vida de la ciudadanía española si no se hacen las cosas bien, caso del precio de la vivienda o de la calidad sanitaria. Un auténtico reto para España, pero también para el Reino Unido (y Gibraltar), que deben velar ahora por bienes comunes y no solo de parte.