Hay temas con los que el Partido Popular no está cómodo y el aborto es uno de ellos. Los intentos de Alberto Núñez Feijóo de zanjar las últimas polémicas suscitadas alrededor de la interrupción del embarazo se han encontrado con un obstáculo importante: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La baronesa del PP ha decidido pasar a la ofensiva contra los derechos reproductivos de las mujeres con su intención de no cumplir con la ley, negándose a confeccionar el registro de objetores al aborto que todas las comunidades están obligadas a elaborar. "No se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo", señaló el pasado jueves en la Asamblea de Madrid, para reiterar a renglón seguido que "nunca, nunca" va hacer una "lista negra" de médicos. A quien no esté de acuerdo, un mensaje lacerante: "Váyanse a otro lado a abortar".Tan solo unas horas después de esas declaraciones, Feijóo se vio obligado a corregir a la presidenta madrileña para recalcar que el PP garantizará los abortos "conforme a las leyes" y que su posición sobre este derecho es "clara y conocida": "Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", señaló en una carta que publicó en X. Cuando llegó a la presidencia del PP, el gallego se distanció de la postura de su antecesor, Pablo Casado, y definió el aborto como un "derecho", pero evitó reflejarlo en la ponencia ideológica que el partido elaboró de cara al congreso nacional celebrado a principios del pasado mes de julio.Hay una razón detrás. La historia reciente demuestra que el tema divide al partido. El frustrado intento del PP de aprobar su propia ley del aborto acabó vigorizando al movimiento feminista, cuya movilización fue determinante para la dimisión del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón –al que muchos veían como sustituto de Mariano Rajoy en el año 2014–, y precipitando la ruptura del sector más antiabortista del partido. La dimisión despertó todo tipo de especulaciones. Desde las que apuntaban a que los fieles al expresidente habían tendido una trampa a Ruiz-Gallardón para eliminarle como rival, a las que apuntaban a que el también exalcalde de Madrid había ido "por libre" y que Rajoy tuvo que dar un golpe en la mesa. La división también se vio en las votaciones de la reforma en el Congreso y el Senado, donde algunos parlamentarios rompieron la disciplina de voto.El sustituto de Rajoy acabó siendo —para sorpresa de muchos— Pablo Casado, que entró de lleno en este debate y se mostró partidario de acabar con la ley de plazos para sustituirla por el texto de supuestos del año 1985. Lo dijo en la campaña interna que le llevó a la presidencia del PP en 2018 y en los meses posteriores. Su idea, decía, era volver a la de 1985 del Gobierno de Felipe González porque generaba "consenso social" y, a su juicio, "no había ninguna necesidad de cambiar". Sin embargo, esa ley del 85 no fue votada por Alianza Popular, la formación que después dio lugar al PP. Es más, llegó a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, al igual que la ley de plazos, que derivó en algunos retoques en el texto.Lo cierto es que los avances en las leyes sobre la interrupción del embarazo siempre han llegado de Gobiernos liderados por socialistas. El último fue en febrero de 2023 con la reforma que introdujo el registro de objetores de conciencia para vigilar que no existiera ni una sola traba al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos. Aunque a fecha actual son cinco las comunidades que aún no lo han puesto en marcha —Asturias, Andalucía, Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid—, todas ellas, a excepción de la presidida por Ayuso, se han comprometido a hacerlo tras recibir la carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La presidenta madrileña, sin embargo, se niega a hacerlo pese a que su consejera de Sanidad votó a favor en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado en diciembre del pasado año.Con las encuestas en la mano, se desprende que el derecho al aborto cuenta con un amplio apoyo social en España. Según un estudio publicado por Ipsos en 2022, un 70% de los españoles apoya que el "aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos" y las mujeres (73%) se muestran más a favor que los hombres (68%). El respaldo a esa tesis es también superior entre los menores de 35 años (73%) que entre quienes superan los 50 (68%). En cambio, es menor entre aquellos con bajo nivel educativo (62%) que entre los que cuentan con estudios superiores (72%). El estudio de Ipsos también realizó un análisis por partidos políticos. Los votantes de las formaciones de izquierda lo apoyan de manera abrumadora, por encima del 80%. Una posición que también es mayoritaria entre los votantes del PP: 59% a favor frente a un 26% en contra. Y, aunque por un estrecho margen, también son más numerosos (47%) los votantes de Vox que comparten este punto de vista, que aquellos (41%) que consideran que "el aborto debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos". Datos que ayudan a explicar que, más allá de las polémicas concretas, y a diferencia de lo que ocurre en otros países occidentales, ni la derecha ni la extrema derecha sitúan el aborto como la punta de lanza de sus políticas.La negativa del PP madrileño responde a los intentos de Ayuso de presentarse como la antítesis del Gobierno de Sánchez, pero también a las presiones de las asociaciones antiabortistas, a las que a fecha de de diciembre de 2024 había destinado una tercera parte de la financiación global: 2,7 millones de euros, según una investigación de CRITIC. Madrid es, además, la única comunidad que remite a centros religiosos a las mujeres que quieren abortar. El Ayuntamiento de Madrid ha destinado, por su parte, un millón de euros a estas organizaciones entre 2020 y 2024.La citada investigación concluyó en diciembre pasado que 51 instituciones públicas de todo el Estado español habían destinado 7,8 millones de euros en esos cuatro años a subvencionar una red de 50 entidades contrarias al derecho al aborto. Tras consultar las bases de datos del Ministerio de Hacienda, comprobaron que las tres Administraciones que más recursos habían asignado a estas entidades estaban gobernadas por el Partido Popular. Las subvenciones a este tipo de asociaciones llegan también de las arcas de los ayuntamientos y diputaciones.Tras la Comunidad de Madrid se sitúa, en segundo lugar, la Junta de Andalucía, con 1,1 millones. Para acordar su investidura, el presidente andaluz, Juanma Moreno, firmó con Vox un acuerdo que recogía que la Junta debía crear una nueva subvención para asociaciones dentro de sus servicios con el objeto de ayudar a las mujeres a "llevar adelante su embarazo". Con estas subvenciones, la formación de ultraderecha consiguió anotarse el logro de una medida de marcado carácter antiabortista, que daba satisfacción a sus bases "provida". Ahí está el origen. Luego el compromiso se renovó y amplió en dos acuerdos más, en octubre de 2019 y noviembre de 2020. Tras las elecciones del 2021, cuando los votos de Vox ya no eran necesarios, Moreno Bonilla las mantuvo.Y, por último, Galicia, con 657.113 euros. El primer movimiento de Alberto Núñez Feijóo tras su aterrizaje en como presidente de la Xunta en 2009 fue sacar adelante una ley que tenía como propósito "establecer y regular una red de apoyo a la mujer embarazada". La norma dio cobertura legal a Red Madre y la entidad antiabortista pasó a asumir funciones como el asesoramiento a mujeres gestantes con dificultades socioeconómicas. El mismo patrón que en Andalucía. Con todo, la investigación realizada en colaboración con la Associació Drets Sexuals i Reproductius (ADSR), también destacaba que el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Catalunya habían concedido asimismo recursos a estas entidades.La organización que más fondos recibió fue Red Madre, uno de los puntales del movimiento antiabortista español. Se encarga desde hace años de asesorar a mujeres embarazadas vulnerables en diversas comunidades con cargo a los fondos públicos. Bajo esta marca se agrupa una red de 40 entidades, que han sumado 2,48 millones de euros en solo cuatro años. También Adevima es una de las muchas organizaciones que subsisten gracias a la inestimable ayuda de las administraciones. A pesar de, en algunos casos, haber participado y perpetuado el acoso contra las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo y de considerar "hijos de Satanás" a los políticos que ven en el aborto un derecho. En este caso, se trata de un grupo que ha participado en un tipo de movilización de la derecha católica especialmente polémico, el consistente en instalarse a las puertas de una clínica donde se practican abortos para tratar de disuadir a las mujeres que allí acuden. En esta red también se encuentra la Fundación NEOS, cuyo portavoz es el exministro del PP Jaime Mayor Oreja, un referente de la derecha cristiana radical no sólo en España, sino a nivel internacional, que organizó la cumbre ultra en el Senado en noviembre del pasado año y que agrupa a decenas de grupos de derecha católica radical. Y Hazte Oír, puntal de las posiciones más radicales del movimiento antiabortista, entre otras asociaciones. Entre los colaboradores de la fundación Valores y Sociedad, que preside Mayor Oreja y que defiende las "leyes de latido fetal", figuran María San Gil, exlíder del PP vasco, un referente del movimiento provida, y el magistrado del Tribunal Supremo y miembro del Opus Dei José Luis Requero.