El Consejo de Ministros ha aprobado la incorporación de ocho antiguas instalaciones y terrenos penitenciarios al patrimonio de Sepes, germen de la nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo. Estos espacios se destinarán a la construcción de 1.332 viviendas protegidas y asequibles en distintas provincias españolas, con el objetivo de ampliar la oferta residencial pública. Entre los proyectos destacan los de Sevilla y Córdoba, donde se ubicarán 240 y 174 viviendas, respectivamente.Los activos transferidos, incluidos en el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP), están valorados en más de 78 millones de euros. Se reparten por ocho provincias de cinco comunidades autónomas: Madrid, Sevilla, Córdoba, Alicante, Huesca, Zaragoza, Segovia y Burgos. En los terrenos de la antigua prisión de Carabanchel, clausurada en 1998, se proyecta el mayor desarrollo, con 508 nuevas viviendas.[articles:343936]La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que estos espacios tuvieron un uso carcelario y, en algunos casos, fueron escenarios de represión política durante la dictadura franquista. El Ejecutivo pretende ahora darles un nuevo significado, destinándolos a fines sociales mediante la creación de vivienda protegida.Todos los emplazamientos cuentan con planeamiento aprobado. En los casos de Huesca, Segovia y Burgos, las obras se licitarán próximamente, mientras que en el resto se encuentran en trámites de urbanización. El desarrollo de Carabanchel aún espera la aprobación definitiva del plan urbanístico correspondiente.El traspaso de los terrenos desde la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), dependiente del Ministerio del Interior, a la nueva entidad pública se realizará sin coste. La medida responde, según el Gobierno, a la necesidad de aumentar de forma urgente la oferta de vivienda asequible en el mercado.Un intento de facilitar el acceso a la viviendaEn un contexto de encarecimiento del acceso a la vivienda y escasez de oferta, el Ejecutivo impulsa la movilización de suelos e inmuebles públicos como estrategia para aliviar la presión del mercado y facilitar el acceso a la vivienda. La medida se enmarca en un proceso más amplio de cesión de bienes públicos a Sepes para fines residenciales.La entidad, que se encuentra en proceso de reestructuración, ya ha incorporado anteriormente 17 inmuebles del Ministerio de Defensa con capacidad para 1.000 viviendas, además de los 40.000 inmuebles y 2.400 suelos de la Sareb anunciados en julio. En Andalucía, los proyectos de la Ranilla y Córdoba servirán para recuperar espacios con fuerte carga histórica y convertirlos en nuevos enclaves residenciales.