La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha lanzado una advertencia contundente sobre el nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033, actualmente en consulta pública tras la publicación en el BOE del 28 de noviembre de los Esquemas Provisionales de Temas Importantes. El secretario general de la organización agraria, Julián Morcillo, ha expresado la «tremenda preocupación» del sector ante lo que ha calificado como «un ataque sin precedentes al regadío castellanomanchego». La organización reclama al Gobierno regional, y en particular a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, una «intervención clara en defensa del regadío» dentro del proceso de planificación del periodo 2028-2033. UPA entiende que el planteamiento general debe revisarse y rechaza unos recortes que «considera indiscriminados». La entidad subraya la importancia del regadío en la economía regional, en la generación de empleo y en la fijación de población en zonas rurales. En este sentido, Morcillo ha recordado que el 80% del regadío regional depende de aguas subterráneas y que la mayoría de los acuíferos se encuentran catalogados en «mal estado cuantitativo o cualitativo», una situación que, combinada con los recortes planteados, podría convertirse en un punto de no retorno para buena parte del tejido productivo agrario. Según UPA, las propuestas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico generan un escenario de «enorme incertidumbre», marcado por reducciones de dotaciones de riego, disminución de superficies regables , extinción de derechos y procesos de reconversión obligatoria hacia secano . En este contexto, UPA solicita que se tenga en cuenta la posibilidad de justificar la e xención de objetivos medioambientales de las masas de agua en mal estado por la vía del artículo 4.5 de la Directiva Marco del Agua , con un horizonte de cumplimiento más allá de 2027. La organización argumenta que esta exención está respaldada por el impacto socioeconómico y por el coste desproporcionado de las medidas necesarias para lograr la recuperación ambiental en los plazos actuales. UPA ha puesto el foco en el documento de la demarcación hidrográfica del Guadiana, donde la Administración propone tres alternativas. Tanto la Dirección General del Agua como la Confederación Hidrográfica del Guadiana se inclinan por la Alternativa 1, caracterizada, según UPA, por medidas orientadas a reducir progresivamente el regadío, incentivar el abandono y fomentar la reconversión hacia secano tecnificado. «El planteamiento incluye restricciones comerciales para productos de regadío, así como compras de derechos especialmente en el entorno de las Tablas de Daimiel llegando incluso a proponer expropiaciones forzosas de derechos consolidados», ha asegurado Morcillo, que ha reclamado »explicaciones inmediatas« sobre las referencias a la extinción de concesiones al finalizar sus plazos. Este punto afecta directamente a los expedientes de cultivos leñosos regularizados mediante el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), que se apoyan en derechos adquiridos. U PA considera «inaceptable que estos títulos concesionales puedan recibir un trato distinto al de cualquier otra concesión en vigor». El malestar crece al conocer la propuesta de aumentar recursos humanos para agilizar procedimientos, especialmente los destinados a tramitar extinciones de concesiones. L a organización ha calificado esta intención como «un insulto» a agricultores que llevan más de una década esperando respuesta administrativa , y ha señalado que por sí sola «sería suficiente para pedir la dimisión del responsable de planificación». También ha recordado que sigue pendiente resolver la situación de las explotaciones prioritarias del Alto Guadiana. En la demarcación hidrográfica del Segura, UPA ha advertido que la estrategia planteada prioriza la reducción de extracciones de aguas subterráneas en favor de otras fuentes como la desalinización . Según Morcillo, esta opción deja al sudeste de Albacete en una situación crítica porque se le considera «zona sin alternativa viable». Los recortes propuestos rebajarían las extracciones de los actuales 86,8 hm³ anuales a 30,9 hm³, un descenso del 64,4% . La organización interpreta esta reducción como un proceso que conduciría al «paso masivo al secano en municipios como Tobarra, Ontur, Albatana, Fuente Álamo o Montealegre del Castillo. Así de claro». Los propios documentos oficiales reconocen que el impacto socioeconómico sería muy elevado y estiman pérdidas anuales en la demarcación de 277 millones de euros , con una caída del valor de la producción agraria de 101 millones al año. También anticipan una «elevada contestación social», algo que UPA considera prueba suficiente del desfase entre planificación y realidad del territorio. Aunque el plan baraja soluciones complementarias, como ampliar la capacidad de desalinización hasta 150 hm³ adicionales o reforzar conexiones hidráulicas para abastecimiento, UPA sostiene que estas propuestas no compensan la magnitud del recorte planteado . Por ello, Morcillo ha pedido avanzar hacia una «unidad de acción» en la cabecera del Segura y ha planteado la necesidad de estructuras de representación similares a una Junta Central de Usuarios, con el fin de que los regantes no «se queden sin voz». UPA también considera «desequilibrado» el documento de la demarcación del Júcar. Y es que, según la organización agraria, y pese a que el 71% de la superficie de la cuenca está en Castilla-La Mancha, la propuesta mantiene un sistema que incrementa transferencias hacia aguas abajo -como la Albufera, el Vinalopó y varias áreas urbanas- sin ofrecer alternativas que mitiguen los recortes adicionales de dotaciones previstos para los regantes castellanomanchegos. Por todo ello, la entidad ha solicitado una reunión con la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) para coordinar una respuesta conjunta ante lo que considera un momento decisivo.