La presencia de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la sede de la aerolínea Plus Ultra en Madrid este viernes ha resurgido los fantasmas del oro venezolano. Enviados por el juzgado instructor, el número 15 de Madrid, el mismo que en 2023 archivó la investigación sobre el rescate de 53 millones de la compañía, centran sus actuaciones en un presunto caso de blanqueo. Según apuntan fuentes conocedoras, esta operación tendría que ver con las informaciones que dio a conocer ABC a principios de este año en el que una investigación interncional dirigida desde Suiza y Francia investigaba una red de blanqueo internacional que habría lavado una «muy alta cuantía» de dinero fruto de «actos de malversación cometidos por funcionarios públicos» de la república bolivariana en torno a los programas de distribución de alimentos básicos estatales, llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y ventas de oro del Banco de Venezuela. Además, habría beneficiado a personas sobre las que pesan «sanciones internacionales» Esta supuesta red operaba desde una empresa radicada en las Islas Mauricio y que se encargaba de las transacciones económicas y gestionar el patrimonio de los participantes. La conexión con esa red de la aerolínea vendría marcada porque la Fiscalía Anticorrupción creía que «en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública», la compañía aérea realizó devoluciones de dinero de supuestos contratos de préstamo a cuentas en el extranjero pertenecientes a sociedades que forman parte de esta presunta organización criminal. La Fiscalía igualmente denunciaba la suscripción de contratos de préstamo a la aerolínea Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados, y cómo la sociedad que los habría concedido vendió oro por valor de unos 30 millones de euros a una mercantil de Emiratos Árabes Unidos. También ponía encima de la mesa supuestos traspasos a una tercera empresa con cuenta en Panamá y la sospecha de que la presunta organización criminal también utilizaba la venta de relojes de lujo como forma de blanqueo. «Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal, lo que, entiende la Fiscalía, constituye indicio de una defraudación al Estado», aseguraba entonces Anticorrupción en la documentación a la que tuvo acceso este diario. Anticorrupción recurrió la decisión y puso el énfasis en el «presunto uso indebido de ayudas públicas españolas», pero fue rechazado su recurso, aunque la Sala de lo Penal ofreció la posibilidad a Anticorrupción de que presentara la denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, cuya titular, Esperanza Collazos, ya investigó la concesión del rescate de la compañía y la archivó en 2023 que se hubieran cometido delitos de malversación, cohecho y tráfico de influencias. Es este el juzgado que se ocupa de la entrada de la UDEF de este viernes.