Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo piden la absolución por no considerar probado que Álvaro García Ortiz filtró el correo y no ver delito en la difusión de la nota de prensaLa condena al fiscal general culmina una de las causas más polémicas de la historia del Tribunal Supremo Las dos magistradas del Tribunal Supremo discrepantes con la decisión de la mayoría conservadora de condenar al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz han firmado un voto particular en el que piden su absolución. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo sostienen que “no ha quedado acreditado que sea el autor de la filtración” con “intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación”, tal y como sostiene la sentencia que firma la mayoría del tribunal. Ambas magistradas cuestionan que la resolución de la mayoría afirma “categóricamente” la participación en esa filtración de García Ortiz a pesar de que “no se describe, ni cómo, ni dónde, ni a través de que medios tiene lugar es llamada ”intervención directa“, y menos su conocimiento y colaboración con tercero”. Y tampoco se relata cómo el fiscal general “pudo promover, realizar, ejecutar o llevar a efecto” esa filtración o cómo pudo transmitir personalmente la información. Las magistradas Ferrer y Polo piden la absolución también porque no ven delito en la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía sobre el fraude de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En definitiva, entendemos, que no ha quedado acreditado que el Fiscal General del Estado sea el autor de la filtración del correo de fecha 2 de febrero de 2024 a la Cadena Ser “con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación” -según el relato de hechos probados mayoritario-, cuya participación se afirma categóricamente pese a indicar que la filtración proviene de la Fiscalía General del Estado, no se describe, ni cómo, ni dónde, ni a través de que medios tiene lugar es llamada “intervención directa”, y menos su conocimiento y colaboración con tercero. El fallo condenatorio de la sentencia, adelantado ya por el Supremo el pasado 20 de noviembre, reveló la división interna del tribunal: dos magistradas progresistas, Susana Polo y Ana Ferrer, se habían quedado solas defendiendo la absolución de García Ortiz y la primera, incluso, había tenido que ceder la ponencia. Una división interna que llegó después de que la propia Sala de Apelaciones hubiera perdido la unanimidad para enviar a juicio al entonces fiscal general. Polo y Ferrer son autoras de varios votos particulares en contra del criterio mayoritario de la Sala de lo Penal en asuntos relevantes: los ERE de Andalucía, la aplicación de la amnistía o la condena a Alberto Rodríguez. En varios de estos casos, el Tribunal Constitucional ha entendido que su opinión minoritaria era la correcta y han anulado o reducido condenas del Supremo reflejando los argumentos de estas dos juezas progresistas discrepantes.