Ángel Víctor Torres compareció ayer en rueda de prensa para comentar el informe de la UCO sobre su relación con los personajes de la trama corrupta dentro del PSOE , que a su juicio demuestra que «tenía razón sobre las mentiras y calumnias que se han vertido sobre mí», porque los investigadores de la Guardia Civil no hacen alusión «a pisos en Atocha, ni mujeres explotadas, ni mordidas». Está en su derecho por tanto a querellarse contra Víctor de Aldama y contra quien considere que ha jugado con su honor achacándole semejantes delitos. «Hoy es un día feliz para mí», llegó a decir Torres. Esto sería cierto respecto a las presuntas responsabilidades penales, pero no a las políticas derivadas de sus mentiras en sede parlamentaria. Dentro de esa secuencia de embustes vertidos por el hoy ministro para desligarse de la trama, el informe de la UCO lo deja en evidencia. En junio de 2024, en el Congreso, tanto Torres como su mano derecha, Antonio Oliveira, negaron que les «hubiera llamado el señor García». En los audios que documenta la Guardia Civil aparecen todo tipo de mensajes entre el entonces presidente canario y el asesor del Ministerio de Transportes, y ponen de manifiesto un inusitado interés en que la Administración canaria pagara las mascarillas a la empresa de la trama, de la que eran emisarios Koldo y Ábalos y de la que, consciente o no, Torres se convirtió en colaborador necesario en esa transacción. También ha quedado demostrado que presionó a una funcionaria responsable de los pagos de la Consejería de Sanidad para que abonara la cantidad que debían a la mencionada empresa, evitando los mecanismos de comprobación. El ministro utiliza incluso palabras duras contra la funcionaria, a la que va a «levantar por el aire» si no se atiene a sus órdenes de pago. Cabe preguntarse cuál era el interés especial que tenía en que la trama cobrase el dinero que se le debía y si puso por delante este cobro al de otras empresas acreedoras de la Administración canaria. En la comisión del caso Koldo del Senado, el propio Torres aseguró que no tenía relación con Aldama, y aquí también mintió , pues el informe de la UCO recoge un mensaje enviado por este el 16 de julio de 2020 al propio Torres, en el que le ofrecía ponerle en contacto con el laboratorio vinculado a la trama que ofrecía test de antígenos. El informe también delata cómo Torres avisó a García de que se encontraba en Madrid para hablar de facturas, tema que supuestamente se trató en una comida a la que acudió Aldama y que ha negado Torres en rueda de prensa, pues solamente confirma un encuentro y no una cena. También que Torres intentó fraguar una reunión con Sánchez e Illa para tratar la compra masiva de test de antígenos. Es comprensible, como decimos, la indignación del ministro contra delitos que se le han atribuido y de los que no se han encontrado indicios, si bien la izquierda propende a sacar una indulgente vara de medir la ética política cuando le vienen mal dadas o es cazada en vastas mentiras. Los embustes que ha detectado la UCO en el discurso sobre la relación de Torres con los personajes de la trama criminal, y el papel que jugó en el asunto, es suficiente para incidir en que el ministro debería asumir su propio discurso sobre al ética de la vida pública y abandonar el Gobierno. No ocurrirá. El rasero ético del PSOE es maleable. Lo que exige para los demás, ya sean presidentes autonómicos o consejeros, no se lo aplica para sí. Que el hoy ministro mienta repetidamente en sede parlamentaria y eso no suponga ningún reproche desde la izquierda, sino sólo el aplauso, dice mucho y nada bueno de su deriva moral.