La segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estuvo centrada en las declaraciones de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y del jefe de gabinete de esta, Miguel Ángel Rodríguez. Ambos acudieron como testigos en la causa que investiga la supuesta filtración de un correo electrónico en el que la defensa del empresario reconocía dos delitos fiscales para intentar cerrar un acuerdo con la Fiscalía y evitar juicio.González Amador presentó su testimonio como el de una víctima de una operación política. Afirmó que la publicación del correo "le destrozó la vida" y que, desde entonces, solo veía dos posibles salidas: "irme de España o suicidarme". El presidente del tribunal interrumpió su intervención y le respondió: "No le recomiendo ninguna de las dos cosas. En todo caso, que hable con su abogado".Durante su declaración, el empresario reiteró que tras la filtración pasó a ser "el delincuente confeso del Reino de España", a pesar de que fue su propio abogado quien había planteado a la Fiscalía un pacto que implicaba reconocer los delitos y asumir una pena mínima de prisión. González Amador insistió en que él no participó en el envío de ese correo, aunque admitió que autorizó a Rodríguez a “moverlo” y utilizarlo si lo consideraba necesario.La sesión también dejó contradicciones relevantes. Aunque dijo desconocer el contenido exacto del correo enviado por su defensa, reconoció que sí sabía que un pacto implicaba asumir los delitos y que su abogado ya le había explicado que esa vía permitiría reducir la condena a unos meses de cárcel. "Yo tenía en mente una pena mínima, de cuatro meses por cada año defraudado", declaró.Miguel Ángel Rodríguez defendió la versión de que González Amador no es "un delincuente" ni "un defraudador", y lo presentó como un ciudadano que solo pretendía llegar a un acuerdo con Hacienda. Sin embargo, reconoció que ayudó a difundir la versión errónea de que fue la Fiscalía quien ofreció el pacto, pese a que el correo demostraba lo contrario: la iniciativa partió del abogado del empresario.La puntualización de la FiscalíaLa Fiscalía, por su parte, recordó que el caso no gira en torno a la culpabilidad o inocencia de González Amador —ya procesado por fraude fiscal en otro procedimiento— sino sobre si Álvaro García Ortiz filtró el correo con fines mediáticos o políticos. El fiscal general se enfrenta a penas de entre cuatro y seis años de cárcel.La jornada también incluyó la declaración del abogado del empresario, Carlos Neira, quien confirmó que explicó a su cliente que pactar con la Fiscalía implicaba reconocer los delitos. Neira relató que González Amador pidió una "vía rápida" para que el caso no afectara a Ayuso y que aceptó intentar un acuerdo para evitar que la investigación se prolongara en el tiempo y se hiciera pública.