Mientras los políticos le echaban horas al pleno en el Debate sobre el Estado del Municipio y se peleaban como acostumbran, a escasos metros del Ayuntamiento de Toledo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgaba este martes a dos hombres, Ricardo G. y Edward B., apodados 'El Patata' y 'El Negro', español y colombiano y acusados de retener a varias personas en una nave industrial de Illescas después de un vuelco de droga. De hachís y marihuana, en concreto. La fiscal pide para ellos una pena de prisión de 16 años y medio, mientras que las defensas solicitan la libre absolución de sus clientes, que se declaran inocentes, porque no era droga, sino material de obra. Los hechos ocurrieron el 11 de octubre de 2023 cerca de la medianoche, cuando un vehículo llegó a la nave, se bajaron sus ocupantes y se llevaron la supuesta droga. Roberto V. era el encargado de custodiarla y enseguida llamó a Ricardo G., contándole lo sucedido. Este a su vez se puso en contacto con sus superiores, mandando desde Puerto Banús, la lujosa urbanización de Marbella, a Edward. B., quien en el juicio se ha definido como «escolta y traductor». A continuación, fueron en la búsqueda de Francisco José R., localizado en una caravana en Seseña. Todos volvieron a la nave de Illescas y ahí se vivieron momentos tensos. Según el relato de la fiscal, Roberto V. sufrió golpes y un corte en una oreja con un cúter. Por su parte, Francisco José R. reconoció en el juicio haberse llevado «alguna cachetada» y nada más. Edward. B. amenazó a ambos con una pistola. El caso es que los dos acusados pedían a Roberto V. y Francisco José R. que les compensaran con unos 250.000 euros o, de lo contrario, acabarían con su vida y la de su familia. Al cabo de un rato, Francisco José R. llamó a su amigo Joan Sebastián, que acudió a la nave y también estuvo retenido, aunque afirmó estar al margen de cualquier chanchullo. Al final, Francisco José R. les ofreció a sus captores hacerse cargo de la deuda, pero que le dejaran en libertad para poder buscar el dinero. «Me dieron 20 días» para conseguirlo, explicó ante el tribunal. Y ese mismo día les entregó 1.000 euros en las inmediaciones de un centro comercial de Rivas. Sin embargo, las amenazas por parte de Ricardo G. no cesaron. La gota que colmó el vaso fue cuando en su móvil aparecieron fotos del colegio de sus hijos, «ahí me asusté de verdad» y decidió denunciarlo a la Guardia Civil. Entonces los agentes descubrieron también que Roberto V. llevaba todo ese tiempo retenido en un hotel de Azuqueca de Henares como garantía. La Guardia Civil siguió investigando hasta que dio con la identidad de Edward. B., pero no consiguieron localizarlo. Meses después, en febrero de 2024, sería detenido en la T-4 del aeropuerto de Barajas cuando se disponía a viajar a Colombia y desde ese momento está en prisión provisional. Por estos hechos, la fiscal considera que los dos acusados son responsables de los delitos de detención ilegal y de robo con violencia e intimidación, además de delitos leves de lesiones. Y para Edward. B. se solicita a su vez que, cuando cumpla dos terceras partes de la pena, sea expulsado de España durante diez años. Las defensas de los acusados, en cambio, tienen otra versión de los hechos. Admiten que hubo un robo en la nave de Illescas, pero exponen que no era droga lo que se llevaron, sino material de obra. Ricardo G. se definió como un intermediario y contó que adelantó un dinero a Roberto V. para, supuestamente, la obra de una vivienda en León. Asimismo, Roberto V. le había dicho que Francisco José R. era el constructor. Por eso, al ser avisado del robo, tuvieron una reunión «acalorada» porque «no nos contaron qué había pasado con el dinero» y «nosotros queríamos que se hicieran cargo de la deuda», cifrándola en «unos 20.000 euros», es decir, muy lejos de los 250.000 euros que las supuestas víctimas declararon a la Guardia Civil. Ricardo G. también negó que lo apoden 'El Patata' y comentó que «no he visto una pistola nada más que en las películas». Y por descontado, tampoco retuvo a Roberto V. en el hotel de Azuqueca. Ahora la jueza decidirá qué versión se cree.