González Amador, que enfila el banquillo por un fraude fiscal de 350.000 euros, acusa al fiscal general ante el Supremo de matarle “públicamente” y Miguel Ángel Rodríguez dice falsamente que Hacienda “no ha permitido" al empresario "llegar a un acuerdo”Miguel Ángel Rodríguez lanza una bomba de humo en el Tribunal Supremo, por Iñigo Sáenz de Ugarte “Quiero que quede claro que a raíz de la filtración del fiscal general me han destrozado la vida. Lo que puede pasar es: o me voy de España o me suicido”. Fueron las palabras con las que el empresario Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales e imputado por corrupción en los negocios, acabó su declaración como testigo en el Tribunal Supremo. A su izquierda, con semblante serio, le escuchaba Álvaro García Ortiz, a quien ha logrado sentar en el banquillo por difundir una nota con los detalles de su procedimiento judicial. “No le recomiendo ninguna de las dos cosas”, le dijo el presidente del tribunal. Ese último alegato fue el colofón a casi dos horas de interrogatorio en las que el comisionista trató de presentarse como una víctima, un “ciudadano normal” perseguido por “todo el cuerpo fiscal” sólo por su vinculación personal con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una estrategia de victimización que había inaugurado el jefe de gabinete de la dirigente madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, quien había comparecido previamente y había frivolizado con los bulos difundidos desde el Gobierno madrileño en defensa del supuesto defraudador. La difusión de esa información tergiversada motivó la reacción de la Fiscalía que ha acabado llevando a juicio a García Ortiz. El asesor, con un tono chulesco en algunos momentos, aseguró que el fraude fiscal de 350.000 por el que el empresario enfila el banquillo “no hubiera tenido importancia” de no haber sido pareja de la presidenta regional. “No hay nadie en España que lo dude (...). Todo el aparato del Estado desde hace cinco años está urdiendo de todo para atacar a una rival política”, afirmó Rodríguez, quien también dijo falsamente que Hacienda “no ha permitido llegar a un acuerdo” a González Amador. Dos fiscales han rebatido en el juicio la tesis de la mano derecha de Ayuso. Julián Salto, el fiscal que lo denunció, dijo este lunes que supo quién era González Amador días después de presentar la querella contra él en el juzgado. Diego Lucas, el actual fiscal del caso, también aludió este martes a las maniobras de la defensa de González Amador para “retrasar” la investigación cuando la jueza abrió una pieza separada para indagar su relación con Quirón. Según el comisionista, este último fiscal, al que situó “al lado de las acusaciones”, ha jugado todo el tiempo para “alargar el proceso”. “García Ortiz me había matado públicamente” González Amador hizo un gran negocio en la pandemia: ganó dos millones de euros en apenas cuatro meses de 2020 por su intermediación en una venta de mascarillas en plena crisis sanitaria. Y, cuando tuvo que pagar impuestos, ideó un sistema de facturas falsas y empresas pantalla para engañar a Hacienda, como publicó elDiario.es el 12 de marzo de 2024. Son los hechos por los se sentará en el banquillo acusado de cinco delitos si la Audiencia Provincial no lo evita en el último momento y que el empresario definió este martes en el Supremo como “un proceso (...) normal y corriente” que él quiso cerrar “rápido y sin ruido” para no perjudicar a su pareja y que acabó poniéndolo en el ojo del huracán. “Entre la nota [de prensa] de la Fiscalía y la publicación de email [en el que su abogado reconocía el delito] pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. Estaba muerto. García Ortiz me había matado públicamente. Nadie es consciente del año que se me ha producido”, afirmó en los primeros pasajes del interrogatorio a preguntas de su abogado. González Amador también se explayó en el “destrozo” que había supuesto para él la publicación de los detalles de su procedimiento judicial. Según su relato, ha llegado a perder proveedores, contratos y financiación. E incluso aludió al caso de una trabajadora de una de sus empresas a la que le habían negado el alquiler de un piso tras constatar que él era su empleador. “La pena social y económica no se hace nadie una idea”, aseveró el empresario, que también denunció que él ya está “condenado” sin haberse sometido a juicio alguno. El empresario aludió al pleito que le enfrentó contra el Ayuntamiento de Madrid por las obras de la casa que comparte con Isabel Díaz Ayuso. Y puso como ejemplo del “destrozo” económico que, a pesar de ganar el pleito, el consistorio no ha pagado en costas ni la mitad de lo que ha gastado en el abogado del caso. No relató el dinero invertido en las decenas de demandas de honor que interpuso contra políticos y periodistas y que, por ahora, ha perdido después de que el Tribunal Supremo haya establecido que, muy a su pesar, es un personaje público sometido a crítica. Miguel Ángel Rodríguez celebra sus bulos Miguel Ángel Rodríguez ya había declarado en el Supremo. Lo hizo en el mes de enero, cuando ante el juez Ángel Hurtado y a puerta cerrada reconoció y defendió tímidamente los bulos que había defendido sobre el caso. Este martes, ante siete magistrados y decenas de medios de comunicación, el jefe de gabinete de Ayuso no tuvo problema en presumir de que el origen del juicio son sus mentiras: “Doy la noticia de que la Fiscalía propone un acuerdo y a partir de ahí se desata la locura”. Rodríguez ejerció como mano derecha de la presidenta madrileña y aprovechó su testifical para anegar la Sala de lo Penal del Supremo con las consignas políticas de su jefa sobre el caso de su pareja: “No es un delincuente, no es un defraudador: es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo”. La teoría que tanto Ayuso como el PP defienden desde que elDiario.es desveló el caso es que González Amador es víctima de un complot de los poderes del Estado, entre los que incluye a Hacienda, la Fiscalía y ocasionalmente a los jueces. Este martes en el Supremo fue explícito: “Todo el aparato del Estado desde hace cinco años está urdiendo de todo para atacar a una rival política”. El primer bulo de Rodríguez llegó a pocos minutos de empezar su declaración: que la Agencia Tributaria nunca le permitió pactar. La realidad es que él intentó pagar sus deudas fuera de plazo y Hacienda le comunicó que, llegados a ese punto, había un posible fraude fiscal que tenía que llegar a manos de los jueces. Preguntado por el bulo que difundió entre decenas de periodistas en la noche del 13 de marzo de 2024, reconoció que todo era una “deducción” que mantiene a día de hoy: “Lo pienso y con más razón cada día. Lo sigo diciendo: todo es turbio y feo. Se está cometiendo una injusticia con un español”. Esa noche, Rodríguez presentó como noticia a decenas de periodistas una cosa que no había sucedido: que la Fiscalía había ofrecido un pacto silencioso a González Amador, pero que las negociaciones se habían frustrado por orden de la cúpula del Ministerio Público. Ante la Sala de lo Penal defendió el bulo: “Si todavía no se ha llegado al acuerdo, alguien lo ha parado. Y solo se puede parar por arriba”, dedujo ante la mirada atónita de la teniente fiscal del Supremo. Incluso llegó a defender los tuits en los que desarrolló el bulo o en los que adelantó que el fiscal general “iba pa’lante”. “Era un pronóstico y no desacertado. Mire dónde estamos”, afirmó, como si la existencia del juicio convirtiera en realidad que el fiscal general ordenó no negociar con la pareja de su jefa. Todo mientras capeaba sus contradicciones con su declaración de enero y justificaba sus ataques y amenazas a elDiario.es alegando que es un periódico “izquierdista” y descalificando una exclusiva que, a día de hoy, no ha sido desmentida en ninguno de sus aspectos. González Amador y Rodríguez buscaron coincidir en lo mismo: en que ninguno de los dos filtró a la prensa el correo con el que confesaba un fraude fiscal y que siguen convencidos de que todo lo que difundieron esos días es cierto. En el debate de fondo, los jueces tendrán que decidir si la autorización que el empresario dio al jefe de gabinete de su pareja sirve para considerar que él fue el primero en romper la confidencialidad de sus correos. Y si Miguel Ángel Rodríguez, defensor público del comisionista, mintió de forma impune o condicionó la actuación de la Fiscalía.