En España hay 378.000 empleadas de hogar afiliadas a la Seguridad Social. Estas trabajadoras sufren muchísima precariedad: cobran un promedio de 1.014 euros mensuales brutos al mes (menos de la mitad que la media de 2023, 2.273) y su jornada pactada es la más larga por sectores, con 39,9 horas a la semana (hora y media más que el promedio). El Ministerio de Trabajo ya intentó aliviar estas condiciones tan precarias en 2022 otorgándoles un derecho históricamente rechazado, el de las prestaciones por desempleo. Ahora agrega otro más, que también aplica al resto de ocupados y que aún no les aplicaba: la evaluación de los riesgos laborales en su lugar de trabajo, los domicilios. Desde este viernes es exigible a los empleadores que hayan evaluado esos riesgos y que hayan informado a sus trabajadoras de hogar de los mismos y de las medidas preventivas adoptadas, bajo la amenaza de sanciones de Inspección si se incumple este deber de las familias. Seguir leyendo