El juzgado de lo Social número 2 de Jerez ha condenado a la empresa pública Enaire, encargada de la navegación aérea, a pagar más de 15.000 euros a un trabajador que desempeñó funciones de superior categoría durante seis años.El demandante, defendido por la asesoría jurídica de CSIF, estaba contratado como técnico de mantenimiento de sistemas de navegación de Enaire, con salario de grupo D. Sin embargo, desde 2019 realizó tareas de coordinación y supervisión correspondientes al grupo C, la categoría inmediatamente superior.La sentencia establece que el trabajador coordinaba los servicios prestados por las contratas en el aeropuerto de Jerez, supervisaba el mantenimiento de los equipos y gestionaba la organización del personal de AENA, la empresa pública responsable de las instalaciones aeroportuarias.Entre sus funciones se incluían el control y coordinación de trabajos con AENA, la realización de llamadas y solicitudes de autorizaciones, y la gestión de actuaciones remotas fuera del aeropuerto, asegurando que los técnicos de mantenimiento fueran asignados correctamente a cada tarea.Con base en estos hechos, el juzgado ha ordenado a Enaire que abone al trabajador la diferencia salarial correspondiente a la categoría profesional que desempeñó, junto con un 10% de intereses de mora por el tiempo transcurrido.Desde CSIF Cádiz, que defendió al empleado, destacan que la sentencia subraya la importancia de que los trabajadores denuncien irregularidades y no permanezcan en silencio ante situaciones de este tipo.Un fallo que reconoce los derechos del empleadoEl sindicato considera "lamentable" que una empresa pública de ámbito estatal, financiada con impuestos, pueda intentar escatimar recursos a costa de sus trabajadores, y celebra que el fallo reconozca los derechos del empleado.El caso refleja la relevancia de garantizar que las categorías profesionales y la remuneración estén alineadas con las funciones realmente desempeñadas, especialmente en entidades públicas de gran alcance como Enaire.Con esta resolución, se marca un precedente en la provincia y refuerza la necesidad de supervisión y control en la asignación de responsabilidades y salarios dentro de empresas públicas estatales.