En el juicio al fiscal general hemos visto a la Abogacía del Estado haciendo un tremendo alegato con la finalidad de desprestigiar la labor de la Guardia Civil. Dado que la Abogacía del Estado actuaba como abogado defensor del fiscal general del Estado, parece razonable que actuara de esa manera, pero el resultado es que para defender a una persona de un supuesto delito la Abogacía del Estado ha actuado en contra de una institución del propio Estado, lo que pone en evidencia la improcedencia de que la Abogacía del Estado –y los cuerpos de letrados de las comunidades autónomas y demás administraciones públicas- ejerzan como abogados defensores de autoridades y funcionarios. Los abogados del Estado y demás letrados de las administraciones públicas deben defender a éstas, pero no a las personas que ocupan puestos en su estructura. Deberían revisarse leyes y reglamentos para que así sea. La actuación de la Fiscalía en este proceso es tema distinto y merece comentario aparte, aunque ya está casi todo dicho. Carlos Villalobos. Sevilla El fin de semana pasado se oyó este grito a un narcotraficante mientras disparaba contra varios policías nacionales, hiriendo gravemente a uno, como hace nada se oyó un «¡Písale la cabeza, dale al hijoputa!» en un vídeo en el que se ve un brutal ataque sufrido por un guardia civil de Huelva. Añadamos la agresión en Alcalá de Henares, con dos policías fuera de servicio tras una brutal paliza, la operación antidroga en Toledo, donde dos agentes del GEO han resultado heridos en el tiroteo, el coma de un agente en Valencia tras un brutal ataque de unos ladrones, etcétera, etcétera. La nota dominante de todas estas noticias ha sido doble: agresiones salvajes y, en ocasiones, tiroteos con armas de guerra y la ausencia total de las autoridades del Ministerio del Interior. Los ciudadanos estamos constatando la pérdida del principio de autoridad policial o, lo que es lo mismo, se ha perdido en nuestra sociedad el respeto a la legalidad, a los derechos de los demás y, en particular, al trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autonómicos y locales. El respeto al principio de autoridad policial es imprescindible en un Estado de derecho como el nuestro, porque es un pilar fundamental para mantener el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y asegurar el cumplimiento de la ley. Son las FCSE quienes «salvaguardan vidas y haciendas» y nuestros derechos fundamentales cuando protegen a la comunidad. Como bien dice el artículo 6 de la Cartilla del Guardia Civil: «El guardia civil no debe ser temido sino por los malhechores, ni temible sino a los enemigos del orden… Siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos». Ahora no son ni temidos ni respetados. Félix E. García Cortijo. Coronel de Infantería DEM (R)