Las empleadas de hogar desarrollan su actividad en domicilios particulares. No son centros de trabajo en los que los empleados se puedan organizar, ni espacios públicos a la vista de los clientes. Ese cariz privado provoca un déficit en la prevención de riesgos laborales. Lo exigible en una obra, una fábrica, una oficina o una tienda no se aplica en los espacios en que trabajan estas profesionales, una situación que cambia este viernes 14 de noviembre. Desde entonces los empleadores de estos servicios están obligados a haber evaluado los riesgos laborales en sus domicilios, un nuevo derecho para el colectivo profesional con la peor retribución de la economía, la mayor proporción de extranjeros y también el más feminizado.Seguir leyendo