Las primeras tres sesiones dejan el testimonio de varios periodistas que reconocieron haber tenido acceso a la confesión antes que Álvaro García Ortiz y la constatación de que fiscales y funcionarios pudieron acceder a la información confidencial en semanas anteriores sin que ese aspecto se haya investigadoLa pareja de Ayuso asegura en el Supremo que el fiscal general le “destrozó la vida”: “O me voy de España o me suicido” El inédito juicio al fiscal general que acoge el Tribunal Supremo alcanza su ecuador. Y lo hace sin que hayan aflorado evidencias de que la sexta autoridad del Estado filtrara a escondidas un correo con información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En casi 20 horas de interrogatorios distribuidos en tres jornadas, los abogados que sustentan la acusación no han logrado obtener ni una prueba sólida de que el documento en el que el letrado del comisionista reconocía un doble fraude a Hacienda saliera de manos de Álvaro García Ortiz con destino hacia los medios de comunicación. La primera jornada del juicio se inició con una contundente denuncia de la Abogacía del Estado, que acusó al instructor Ángel Hurtado, compañero de los siete magistrados que conforman el tribunal, de haber promovido un proceso “inquisitorial” y de haber actuado con la “idea preconcebida” de que su defendido era culpable. La última de las tres sesiones de la semana se cerró con los testimonios de tres periodistas que declararon que conocieron el secreto cuya revelación es objeto del juicio antes de que pudiera tenerlo el fiscal general. El acusado, sentado en estrados —no en el banquillo— y vestido de toga, ha seguido todas las sesiones con gesto serio y contenido. Por la solemne sala de vistas del alto tribunal han desfilado un total de 20 testigos entre fiscales, políticos y periodistas. Los testimonios de algunos de ellos han permitido establecer un relato de las horas frenéticas en las que el fiscal general se movilizó para reclamar esa documentación reservada. Uno de los indicios contra él es precisamente la urgencia con la que se movilizó aquella noche. Lo hizo después de que algunos medios dieran una versión falsa de los hechos: que había sido la Fiscalía quien había ofrecido al comisionista un pacto que le permitiera una rebaja de pena a cambio de admitir el fraude y pagar una multa. Es más, algunos medios —VozPópuli o Libertad Digital, entre otros— publicaron incluso que el Ministerio Público había frustrado ese acuerdo por “órdenes de arriba”, tal y como había difundido Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta regional. La mano derecha de Ayuso pretendía instalar así la idea de que la querella contra la pareja de su jefa era una operación de Estado. El asesor, que declaró en la segunda jornada del juicio, aseguró que el fraude fiscal de 350.000 por el que el empresario se sentará en el banquillo “no hubiera tenido importancia” de no haber sido pareja de la presidenta regional. “No hay nadie en España que lo dude (...). Todo el aparato del Estado desde hace cinco años está urdiendo de todo para atacar a una rival política”, afirmó Rodríguez, quien también dijo falsamente que Hacienda no había “permitido” llegar a un acuerdo a González Amador. El comisionista, que declaró después que el jefe de gabinete de su pareja, también trató de victimizarse. “Entre la nota [de prensa] de la Fiscalía y la publicación de email [en el que su abogado reconocía el delito] pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. Estaba muerto. García Ortiz me había matado públicamente. Nadie es consciente del daño que se me ha producido”, afirmó en los primeros pasajes del interrogatorio. Una parte fundamental del delito de revelación de secretos es que acredite el “daño” a la causa pública o a un “tercero”, tal y como tiene dicho el Supremo desde hace años. Y a ello dedicó González Amador buena parte de su intervención. “El banco me cortó la financiación, una trabajadora mía no ha podido alquilar una casa porque han visto dónde trabaja. Ha sido un destrozo de proveedores, contratos que no he llegado a firmar”, lamentó. El empresario no quiso apearse de la teoría de la conspiración, pero tampoco formar parte de los bulos de Miguel Ángel Rodríguez. Sobre las supuestas “órdenes de arriba” se limitó a decir que sus abogados “nunca” le dijeron eso. “Nunca les he pedido que digan que es un asunto turbio. Recuerdo que me parece que Miguel Ángel Rodríguez hizo ese comentario, pero es una valoración política, ni entro ni salgo”, afirmó. Todo ello, sin dejar de afirmar que considera que todo el proceso, desde la inspección tributaria hasta la causa penal por la que irá a juicio, viene de una cacería política contra su pareja: “Esa paranoia que yo tenía no era tal paranoia”. Nadie sabía que era la pareja de Ayuso La teoría de Ayuso de que su pareja fue sometida a una “inspección salvaje” de Hacienda convertida en una cacería de los poderes del Estado ha sido refutada por todas y cada una de las personas que han intervenido en el proceso, desde el fiscal general hasta los testigos más favorables a la tesis de la acusación. Lo dijeron en el juzgado las inspectoras de Hacienda a las que González Amador señala con nombres y apellidos en sus declaraciones y lo han repetido en este juicio todos los fiscales que han declarado. Nadie supo que era la pareja de Ayuso hasta días después de ser denunciado. Lo explicó, como ya había hecho en fase de instrucción, el fiscal Julián Salto, que a principios de 2024 cogió el testigo de la Agencia Tributaria para investigar y denunciar a González Amador y sus empresas. “El 8 de marzo [tres días después de presentar la denuncia] pregunto por el repentino interés del asunto y nos dicen que González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid”, detalló ante el tribunal. Según ha desvelado el juicio, en la Fiscalía nadie supo quién se escondía detrás de la empresa Maxwell Cremona hasta que el seis de marzo, con la denuncia ya en los juzgados de Madrid, un periodista de elDiario.es contactó con la directora de comunicación de la Fiscalía para ver si sabían algo de la documentación que ya tenía el periódico. Empezaron entonces las consultas internas a través de una dación de cuentas. La información, a través de esa llamada, llegó a la Fiscalía General y de ahí a la Fiscalía de Madrid, donde tampoco sabían que habían denunciado a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental. Lo explicó Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, que recibió el dato del fiscal Diego Villafañe. “Recuerdo que había visado unos días antes unas diligencias que podían ser de la empresa”, aseguró. Pero relató que tuvo que consultar con la responsable de delitos económicos de la Fiscalía madrileña, quien a su vez se lo acabó explicando al propio Salto. Tampoco lo sabía Almudena Lasta, fiscal jefe de Madrid y considerada el testigo más valioso para las acusaciones por haber sospechado que la filtración procedía de sus compañeros de la Fiscalía General. La dación de cuentas, días después de la denuncia, “es el detonante por el que tenemos conocimiento de que esta persona es pareja de la presidenta”, afirmó Lastra. El desconocimiento previo del asunto en el Ministerio Público llega al punto de que los testigos vinculados a la Fiscalía General han acusado a los de la Fiscalía de Lastra de no haber informado públicamente del tema como sí habían hecho, por ejemplo, con fraudes como el de Carlo Ancelotti o José María Aristrain. El de Lastra era uno de los testimonios más esperados de la primera jornada de juicio, sobre todo por las acusaciones. Fiscal jefe de Madrid y en un enfrentamiento abierto y mutuo con la Fiscalía General y la fiscal Pilar Rodríguez, Lastra volvió a relatar cómo en esas horas frenéticas sospechó claramente que la filtración procedía del organismo que dirige García Ortiz: “Le dije: ¿has filtrado los correos?”. Después, reprochó a sus colaboradores que enviaran los correos al fiscal general: “¡Los van a filtrar!”. Explicó que era su sospecha, pero también reconoció que hablaba por intuición y sin pruebas. Ante el tribunal admitió que lo dijo “sin saber si lo habían filtrado o no lo habían filtrado”. El relato de González Amador también pasa por dar a entender que su propuesta inicial de aceptar ocho meses de cárcel ya estaba aceptada y camino de la ratificación judicial, a pesar de que el propio fiscal Salto ha explicado que ese ofrecimiento ni siquiera incluía el delito de falsedad documental que también se le atribuye. Una de sus quejas más recurrentes es que esta filtración ha eliminado cualquier posibilidad de defenderse. “Estoy siendo enviado a un juicio oral donde voy a ser condenado, no tengo opción ninguna”, llegó a decir. Este mismo viernes, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que se sentará en el banquillo por este asunto. Está pendiente también de una segunda pieza separada por un supuesto “soborno” a un directivo del grupo Quirón, según la Fiscalía. En el juicio del Supremo también ha comparecido el segundo fiscal que se hizo cargo de su caso: Diego Lucas. Y además de explicar que las negociaciones siguieron, reveló que su defensa había incurrido en maniobras dilatorias para frenar el avance del proceso. Explicó, por ejemplo, que siguió recibiendo propuestas de su abogado, Carlos Neira, y negoció con él, pero que fueron precisamente los abogados del empresario los que obstaculizaron las negociaciones cuando se enfrentó a una segunda causa. “No es que no quisieran conformarse, es que no querían que él llegara a declarar. Pretendían que no declarara hasta que la Audiencia Provincial revocara o confirmara la incoación de esa pieza separada. Querían retrasar la declaración”, aseveró. El “haz lo que veas” de González Amador La vista también ha permitido acreditar que antes de que el fiscal general reclamara esa documentación reservada, González Amador había facilitado otro correo electrónico del procedimiento a Miguel Ángel Rodríguez. Y que, a su vez, este último lo filtró a los medios con una versión falseada. “Haz lo que veas”, dijo el empresario a la mano derecha de su pareja. Ese fue el pistoletazo de salida para que el asesor usara sus listas de distribución entre decenas de periodistas para mover el bulo. El objetivo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado es demostrar que el primero en levantar el secreto y romper la confidencialidad de sus comunicaciones fue el propio González Amador. Y el objetivo de González Amador es dejar claro que él ni siquiera conocía su propia filtración y que, además, él sí tenía derecho a enviar a quien quisiera un correo del fiscal Salto. “Me siento imbécil por tener que explicar esto, equiparar un correo que es mío…”, dijo antes de que le cortara el juez Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal. Sus querellas y escritos, que han desembocado en este juicio, ocultaron que en la mañana del 12 de marzo de 2024, poco después de que elDiario.es desvelara el caso, González Amador mandó a Miguel Ángel Rodríguez un correo del fiscal Salto. También que día y medio después, cuando el objetivo del asesor era desmentir a La Sexta por contradecir sus bulos, dio permiso al jefe de gabinete de Ayuso para repartir ese correo entre decenas de periodistas. “Si le digo que hiciera lo que quisiese lo doy por autorizado, lógicamente”, añadió en el juicio. Su abogado Carlos Neira especificó que nunca se había encontrado con un cliente que pasara sus correos a la prensa y que no autorizó ese envío masivo. Todo este cruce de mensajes y envíos no fue conocido por los jueces hasta que Miguel Ángel Rodríguez testificó ante el juez Hurtado en enero, cuando reveló esas comunicaciones. En el juicio, el jefe de gabinete reconoció que ya a las siete y media de la tarde contactó con medios para difundir el bulo que incluía datos del correo, pero sin difundirlo: “No di a conocer el email que me había llegado”. Sí lo hizo, de forma íntegra, más tarde. “Yo mando el email y todo el mundo se vuelve loco en Fiscalía”, se jactó. El jefe de gabinete de la presidenta se jactó de su maniobra ante los jueces y defendió el bulo que puso en circulación y que muchos medios publicaron: que el fiscal había ofrecido un pacto silencioso, pero que sus superiores habían frustrado el acuerdo. Lo que vendió como información a la prensa era una deducción “lógica” y no tenía “ninguna fuente”, explicó al tribunal. Los periodistas que lo supieron antes Uno de los gremios más representados en la lista de testigos del juicio es el de los periodistas y, por el momento, hasta seis informadores han declarado en el Supremo que sí conocieron el correo y cuánto lo pudieron examinar. Tres de ellos han reconocido que el email circulaba por las redacciones antes de que llegara al email del fiscal general a las 21.59 horas de la noche del 13 de marzo de 2024. Es una de las tesis más relevantes de la Fiscalía y de la defensa de García Ortiz, que incluso el propio juez Hurtado llegó a esgrimir en algunos autos: que para entonces el correo con la confesión de González Amador ya no era secreto. José Precedo, uno de los autores de la primera exclusiva que reveló el fraude fiscal de González Amador, reiteró como ya hizo en fase de instrucción que él recibió una “triple documentación” del caso el 6 de marzo de 2024: el expediente tributario, la denuncia que la Fiscalía había presentado un día antes y el correo. Un email que, explicó, reforzaba la información ante los ataques del entorno de Ayuso pero que su fuente no le había permitido publicar. “A ningún medio de comunicación le gusta citar a la competencia, pero lo que hace elDiario.es normalmente, más allá de lo que se haya podido decir en esta sala, es comprobar todas las informaciones. Por eso tardamos un poquito más, pero vamos más seguros”, explicó. Esa noche, en plena confusión y con los bulos de Miguel Ángel Rodríguez circulando a toda máquina mediática, elDiario.es publicó una primera información citando a la cadena de Atresmedia, tal y como corroboró Marcos Pinheiro. Esta redacción publicó el correo cuando tuvo autorización de la fuente. Alfonso Pérez Medina, responsable de tribunales de La Sexta, también explicó que tuvo acceso a la información correcta sobre los pactos y negociaciones a las 21.54 horas de esa noche, tal y como demuestran los mensajes internos de su equipo aportados al proceso. El primer pantallazo del documento, y no solo su contenido, no se publica en su integridad hasta las nueve de la mañana del día siguiente por el digital El Plural. La primera mitad del juicio, por tanto, ha servido para analizar las dos patas fundamentales del procedimiento: si hay pruebas de que el fiscal general filtró u ordenó filtrar el correo a los medios en la noche del 13 de marzo y si la confesión de González Amador todavía era secreta o confidencial para cuando llegó a manos del fiscal general. Ninguno de los fiscales que han declarado en el caso, tanto los que estuvieron imputados como los que siempre han sido testigos, han arrojado luz sobre la posible filtración más allá de constatar que el fiscal general “no podía esperar” para tenerlos y desmentir los bulos e informaciones falsas y manipuladas que acusaban a la Fiscalía de acosar a la pareja de Ayuso. Pero sin dedos que apunten a García Ortiz como el autor de la primera filtración a la Cadena Ser. Sí han surgido testimonios que abren otras posibilidades dado que más personas, dentro y fuera de la Fiscalía, tuvieron acceso a ese correo antes que él y algunos ni siquiera han sido llamados a declarar en año y medio de investigaciones. Desde los fiscales y funcionarios de la Fiscalía de Madrid que tuvieron acceso al email durante más de un mes hasta su filtración hasta los periodistas que han reconocido haberlo tenido en su poder. El juicio también ha añadido la novedad de que el fiscal Salto ya relató a sus superiores el 12 de marzo al mediodía que estaba negociando a través del abogado Carlos Neira.