El número de exenciones del valenciano solicitadas por familias en las zonas de predominio castellanohablantes ha bajado y se desmonta así uno de los discursos más repetidos por los sectores nacionalistas para atacar la nueva Ley de Libertad Educativa en la Comunidad Valenciana. Incluso un estudio presentado esta semana por Escola Valenciana y las denominadas Unitats per l'Educación Multilingüe de las Universidades de Valencia y Alicante difundía lo contrario, que achacaba a la política de la Generalitat, y según ambas entidades con esta normativa han aumentado las exenciones, aunque no se aportaba cifras concretas. Y justificaban así la reivindicación de un « plan estratégico » para revertir que la mayoría de alumnos aprendan en castellano como idioma base en la concertada y corregir esa elección en la votación de las familias, también en las zonas castellanohablantes. No obstante, desde la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, han negado con datos esa tendencia. Así, el porcentaje de alumnado de Bachillerato que ha pedido ese derecho a estar dispensado de examinarse de valenciano (no de asistir a clase y aprenderlo) por estar en una área de predominio castellanohablante ha descendido en seis puntos. «Se desmienten las acusaciones de la oposición de que el Consell quiere acabar con el valenciano: al revés, los certificados han servido de promoción e incentivo », subrayan desde el departamento del conseller José Antonio Rovira, quien ha instado en varias ocasiones a madres y padres a no acogerse a esa exención, aunque se mantenga esa opción legal. Más en perspectiva, esa tasa ha seguido la siguiente evolución, durante el cambio de Gobierno al frente de la Generalitat, de la coalición PSPV-PSOE con Compromís y Podem a la actual legislatura, inicialmente con PP y Vox y, actualmente, sólo con los populares: en el curso 2021/22, el 79,76%; en el 2022/23 (último curso del Botànic), el 82,72%; en el 2023/24, el 80,45%; y en el anterior, de 2024/25, el 73,86%. Tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ( TSJCV ) que avalaba la votación de las familias sobre la lengua de aprendizaje -al desestimar el primer recurso presentado por el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià ( SETPV )- el director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez , ya valoró que la Ley de Libertad Educativa ha traído el «derecho» a elegir que «ha venido para quedarse». «La sentencia también desmonta todo el argumentario de estas entidades sobre la supuesta discriminación en zonas castellanoparlantes y reconoce el esfuerzo que ha hecho la Administración poniendo en funcionamiento grupos con ocho alumnos que solicitaron lengua base valenciano en estas zonas», manifestó Martínez. El director general ha afirmado, asimismo, que en estos grupos el alumnado «va a tener mayor presencia del valenciano que del castellano, algo que ni con el Botànic sucedía». Y ha aludido igualmente a que la dispensa de examinarse va a menos. «En estas zonas, seguimos con la política de incorporación progresiva del valenciano, ya que todo el alumnado estudiará dicha lengua , al tener la exención sólo efectos en la evaluación y calificación del alumnado, algo que también reconoce el tribunal en su sentencia, al afirmar que el valenciano es lengua vehicular en toda la Comunitat Valenciana, también en las zonas castellanoparlantes», apostilló.