Decía Azaña que en España la justicia no se administra: se reparte, como los favores. Ochenta años después, el diagnóstico sigue teniendo la precisión de una autopsia. El fiscal general del Estado, figura que debería ser garante de la ley y del equilibrio institucional, parece hoy un actor más en el teatro del poder, recitando el papel que el Gobierno escribe entre bambalinas. No se trata de nombres propios, sino de un modo de entender el poder: el de quienes creen que el Estado de Derecho es una finca familiar, y la Fiscalía, su despacho de abogados. Cuando el fiscal deja de ser la voz del pueblo para convertirse en la voz del Ejecutivo, el derecho se convierte en un... Ver Más