La última comparecencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha generado una oleada de indignación entre las familias víctimas de la violencia escolar. Las familias que luchan por una ley estatal contra el acoso en las aulas han considerado que las palabras de la ministra han ignorado las demandas urgentes de quienes llevan años reclamando protección institucional.[articles:345781]El pasado 6 de noviembre se ha celebrado una concentración frente al Congreso de los Diputados para exigir una Ley contra el Acoso Escolar en España, sin que ningún representante del ministerio haya asistido. Desde la asociación Trencats se ha manifestado “indignación y profunda decepción” al no haber sido recibidos por Alegría. En lugar de referirse a la normativa reclamada, la ministra ha presentado el anteproyecto de ley destinado a “mejorar la calidad del sistema educativo y las condiciones del profesorado”. En sus propias palabras, difundidas en redes sociales, ha defendido que “queremos devolver al profesorado el lugar que merece y que nunca debió perder. Y mejorar la atención al alumnado. Por eso, iniciamos el trámite para bajar las ratios y fijar un tope en la jornada lectiva de los docentes por ley. Cuidamos a los que nos cuidan, cuidamos a los que nos enseñan. El futuro del país está en sus manos”.“No nos merecíamos su desprecio”Las palabras de la ministra han provocado un fuerte malestar entre las familias. José Manuel López, presidente de Trencats y padre de Kira, joven fallecida en 2021 a causa de la violencia escolar, ha recordado públicamente su decepción: “A usted se le había enviado una invitación para reunirse con nosotros. El pasado 4 de noviembre recibí una notificación oficial en la que se justificaba su ausencia por ‘compromisos institucionales previamente adquiridos’. No asistiendo a visitar a los padres de las víctimas mortales por acoso escolar nos ha causado usted daño”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Alegría (@pilar_alegria_)El padre ha lamentado también la falta de acción del ministerio, al señalar que “desde que le entregué las 230.000 firmas pidiendo una ley de acoso escolar han fallecido cinco y usted no ha hecho nada, y le avisamos que seguiría pasando, ¿lo recuerda?”. La asociación ha insistido en que las víctimas y sus familias se han sentido abandonadas, incluso después de haber advertido en múltiples ocasiones de la gravedad de la situación.“El silencio impuesto es una forma de violencia institucional”El investigador Luis Francisco Sánchez, especialista en igualdad constitucional y delitos de odio, ha subrayado que “sería necesario que se avanzara en el proyecto de ley orgánica contra la violencia en el ámbito escolar y el ciberacoso”. Ha recordado que “demasiadas víctimas inocentes han muerto o sufren graves secuelas físicas y psicológicas ante las conductas omisivas de los centros educativos” y que “el silencio impuesto es una forma de violencia institucional que causa un daño tremendo a las familias”.En la misma línea, la activista Fanny Albarracín ha denunciado públicamente la falta de respuestas por parte del Gobierno, recordando los nombres de las víctimas que considera “mártires de la violencia escolar no atendida”. “Las familias pedimos la dimisión de los consejeros de Educación de Canarias, Andalucía y Cataluña. No pueden seguir muriendo nuestros hijos por la violencia escolar en las aulas”, ha expresado, cuestionando además: “Las ministras Pilar Alegría y Sira Rego no se pronuncian, ¿son parte del silenciamiento de la violencia escolar?”.[articles:345544]Desde el colectivo El Iceberg del Bullying se ha lamentado que “Pilar, nos hubiera gustado que el día 6 hubieras recibido a los padres de Kira y Sandra. Qué podías tener más importante que escuchar a las familias de víctimas mortales”.Por su parte, la madre de Nahuel, un niño con TEA y TDAH víctima de acoso, ha reclamado: “¿Para cuándo una ley nacional contra la violencia escolar? Tengo un niño que asiste desde julio de 2024 a salud mental y no es capaz de volver al colegio por la violencia vivida en tres centros escolares. Mi hijo es TEA y TDAH y nadie detectó nada”. En el mismo sentido, la activista Nines Heredia ha añadido: “Qué tal mejorar la calidad y seguridad de nuestros menores que sufren violencia escolar. No puede ser que se viva mejor en una cárcel que en un centro lleno de menores, sin protección ni defensa”.Las familias han coincidido en que la inacción institucional ha perpetuado el sufrimiento de las víctimas y que urge una legislación que proteja de forma efectiva a los menores ante el acoso y la violencia en las aulas.