Ha sido al inicio de su esperada declaración como acusado cuando ha anunciado que iba a acogerse a su derecho a no responder a la acusación particular de Alberto González Amador ni a las populares. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido permiso a la Sala para explicar por qué y, cuando se lo han dado, ha señalado que considera que el novio de Isabel Díaz Ayuso había tenido "una actuación desleal con el tribunal", porque no busca "la verdad", fue el primero en revelar correos de la causa al principal asesor de su pareja, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), y participó en la información periodística en que se publicaron esos correos.Esa exposición inicial ha sido larga y detallada. El jefe del Ministerio Público ha manifestado previamente su "absoluto respeto a los perjudicados en el proceso penal". Sin embargo, según ha relatado, en la causa que se ha dirigido contra él, "durante la tramitación y especialmente al inicio", se han producido una serie de circunstancias que demostrarían "la actuación desleal con el tribunal" de los abogados de González Amador.La primera de esas circunstancias, según García Ortiz, se produjo al comienzo del caso, cuando González Amador, a través de sus abogados –Gabriel Rodríguez-Ramos es uno; el otro es Carlos Neira, el autor del correo de cuya filtración se le acusa– formularon querella contra él. En ese escrito inicial, según ha recordado el fiscal general, "se omite un dato fundamental". Y ese dato es que, aquel 2 de febrero de 2024 en que Neira trasladó la confesión de su cliente al fiscal para tratar de evitar la cárcel, también remitió su propuesta a la Abogacía del Estado (que defiende a la Agencia Tributaria). "El correo del 2 de febrero se mandó a otra persona ajena a esta institución", ha explicado.La omisión deliberada de ese dato, que solo se conoció durante la cuestionada instrucción del magistrado Ángel Hurtado, ha provocado, según ha afirmado García Ortiz, "que la investigación se dirigiera de manera unívoca contra la Fiscalía española". Como ha acreditado la Abogacía del Estado en defensa del fiscal general durante el juicio, además de los fiscales que recabaron ese correo y los abogados del Estado que pudieran manejarlo, Neira lo envió a una cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos a la que tienen acceso 11 fiscales más y cuatro funcionarios. Pese a que fue la defensa del novio de Ayuso quien envió su confesión a la Abogacía del Estado, sus abogados no solo no recogieron ese hecho en la querella contra el fiscal general, sino que, cuando la noticia llegó al instructor del Supremo –de mano de la defensa de García Ortiz– no pidieron ni una sola diligencia a Hurtado para comprobar si la fuga de información se habría podido producir a través de esa institución. La Abogacía del Estado depende directamente del Gobierno y forma parte del organigrama del Ministerio de Justicia. García Ortiz también ha recordado cómo, tanto durante la instrucción como en el propio juicio, el novio de Ayuso ha reconocido que fue él quién entregó a MAR el correo del 12 de marzo que envió el fiscal del caso Amador, Julián Salto, a su abogado, Carlos Neira. No solo se lo dio, sino que le permitió que le diera "un uso político", como ha recordado el fiscal general. Esa entrega a la mano derecha de Ayuso, no solo "revela el correo de un fiscal" sino que su utilización torticera por el asesor fue esencial para generar el bulo de que el Ministerio Público había orquestado una operación contra él. El fiscal general se ha referido también a un tercer dato que se ha conocido durante el proceso. Que González Amador, por indicación de MAR, aceptó personalmente participar como fuente en la elaboración de la información de El Mundo que aseguraba que había sido la Fiscalía quien le había ofrecido el pacto, cuando en realidad era al revés, lo reclamó Carlos Neira en un correo en el que aseguró que "ciertamente" se habían cometido dos delitos fiscales. Esa falsedad fue lo que obligó a la Fiscalía a recabar a toda prisa la documentación del caso para redactar un desmentido oficial que se envió al día siguiente. "No hay una lealtad procesal en la búsqueda de la verdad", ha recordado el fiscal general, que ha mostrado un nuevo indicio: que en la petición de responsabilidad civil –la indemnización por daños derivada del delito que debe valorar el tribunal–, González Amador ha renunciado a reclamar la responsabilidad subsidiaria del Estado, lo que le garantizaría asegurársela en caso de que García Ortiz fuera condenado, al ser un cargo público. Ese hecho demostraría que el novio de Ayuso no busca lo que la mayoría de las víctimas, un resarcimiento. Tras ello, el fiscal general ha respondido a dos preguntas de su número dos, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y a las de su defensa, ejercida en este trámite por el abogado del Estado José Ignacio Ocio. García Ortiz ha desgranado día a día cómo a partir del 12 de marzo de 2024, tras la publicación de la denuncia contra el novio de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid no dudó en adoptar una estrategia de intoxicación en la que acusaba a fiscales, inspectores de Hacienda e incluso jueces de orquestar una persecución contra su pareja. Cuando fuentes institucionales del Gobierno madrileño como MAR y la propia Ayuso comenzaron a difundir desinformación, tanto él como la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, acordaron que había que redactar una nota para desmentir esas informaciones que cuestionaban la honorabilidad de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pero también de la Fiscalía de Delitos Económicos "y, en general, de la Fiscalía española". De la falsa propuesta de pacto del Ministerio Público que difundió inicialmente El Mundo, se pasó a decir que la propuesta se había retirado (lo que no se hizo nunca) y que se había hecho "por órdenes de arriba" (nadie dio ninguna instrucción). Así lo reflejaron otros medios afines a Ayuso. Esa fue la razón de que García Ortiz se pusiera, junto con Rodríguez y el fiscal del caso, Julián Salto, a recabar todos los correos intercambiados con la defensa de González Amador. Mientras lo hacía, no habló con Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que informó por primera vez correctamente del caso e incluyó pasajes textuales de la confesión del novio de Ayuso. En su listado de llamadas consta una procedente del redactor de cuatro minutos, pero pese a los intentos de las acusaciones de explotarlo, lo que pasó fue que saltó el buzón de voz.Sobre el cambio de su móvil, señaló que lo hace cada año y que no devuelve el terminal anterior porque ha comprobado que se guardan en una caja sin ningún tipo de seguridad. Y sobre el borrado de sus dispositivos recordó que "es preceptivo; otra cosa es que no lo hagamos". Sus WhatsApp permanecen en la aplicación como máximo un mes. Sobre el borrado que la UCO le acusa de haber hecho el 16 de octubre de 2024, nada más abrirse causa contra él en el Supremo, ha afirmado con rotundidad: "Estoy seguro de que en ese momento, ni en el mes anterior, ni el anterior, ni el anterior estaban en mi teléfono los WhatsApp que son objeto de esta causa". Las acusaciones también han usado contra él que utilizara su correo personal de Gmail y no el corporativo, como si lo hiciera para ocultar información. "La usé porque es mi cuenta de Gmail y dispongo de mi cuenta de Gmail como quiero", ha dicho. "Pensar que uso una aplicación en lugar de otra para esconder algo es presuponer que quiero esconder. Pero yo no tengo ni idea de lo que me van a mandar. Pido que lo envíen al medio al que tengo el acceso más sencillo, nada más".