En el último año, Carlos Mazón ha sido el gran protegido de Vox. La ultraderecha lo ha defendido con mayor contundencia —tanto en público como en privado— de la que han mostrado, incluso, algunos diputados del Partido Popular. Su negligente actuación el 29 de octubre de 2024, que se saldó con 229 muertos, y sus múltiples excusas posteriores, con cambios de versión incluidos, no han suscitado apenas críticas por parte de la formación de Santiago Abascal, que lo ha llegado a presentar como una "víctima" de las circunstancias y ha culpado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de utilizarlo como "chivo expiatorio" para contentar a la izquierda y dejarlo caer, tal y como dijo tras la dimisión del líder valenciano hace más de una semana.Desde el primer momento, la extrema derecha se desmarcó de una posible moción de censura contra Mazón. La consigna de la formación de Abascal desde que ocurrió la dana es que el "gran culpable" de lo sucedido es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "negligencia criminal" mientras que al jefe del Consell únicamente le atribuyeron "incompetencia" y en ningún momento reclamaron su dimisión, a diferencia de lo que hicieron con el presidente andaluz, Juanma Moreno, por la crisis de los cribados de cáncer. La presión para que Mazón abandone nunca ha venido por parte de los 13 diputados de Vox, claves para decidir el futuro de la Generalitat. Un pacto de no agresión que continúa incluso después de la dimisión de Mazón, como pudo verse durante la comparecencia del todavía jefe del Consell en Les Corts. "Usted sí que comparece, pero [Pedro] Sánchez no se atreve porque no tiene vergüenza", fue uno de los primeros capotes que le echó el portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, que durante toda su intervención se mantuvo muy complaciente con Mazón. Apenas le planteó preguntas y dedicó la mayor parte de su discurso a atacar al Gobierno central, utilizando los mismos argumentos que el president en funciones.La presidenta de la comisión de investigación, Miriam Turiel, también de Vox, no advirtió ni una sola vez a Mazón por el hecho de no responder a ninguna de las preguntas de los portavoces de Compromís y del PSPV. Fue, además, Turiel la que comunicó a los socialistas valencianos la decisión de la Generalitat de impedir el acceso a la sala de las familias de las víctimas de la dana para conceder esos asientos a los asesores de Mazón, lo que provocó el enfado de las asociaciones que se manifestaron a las puertas de Les Corts. "Deberá prevalecer la petición de los altos cargos de la administración de la Generalitat, así como de los miembros de los gabinetes de las consellerias", fue la respuesta de Turiel.El propio Abascal, que llegó a calificar de "linchamiento" las críticas a la gestión de Mazón, fue una de las pocas personas a las que llamó el president valenciano antes de anunciar públicamente su decisión. Durante estos meses el jefe del Consell le ha agradecido de manera "personal" su apoyo por "ser consciente" del relato que "se está pergeñando" en su contra y presumió de tener una "relación extraordinaria" con el ultraderechista. Este miércoles, durante su intervención en la Cámara Baja, Abascal puso condiciones a Feijóo para dar su apoyo al sustituto del president, Juan Francisco Pérez Llorca.Lo cierto es que la relación entre Vox y el PP en la Comunitat Valenciana dista mucho de ser la que hay a nivel nacional. Desde la ruptura del gobierno, comandada por Abascal, el Consell siguió su funcionamiento habitual, logrando sacar adelante todos sus proyectos —en alguna ocasión Vox alargó el trámite parlamentario—, incluidos los presupuestos. Unas cuentas públicas en las que Mazón tuvo que asumir las tesis de la ultraderecha, de lo que siempre ha presumido la extrema derecha. La debilidad del jefe del Consell permitió a Vox convertir a la Comunitat Valenciana en su primer laboratorio institucional, con un PP asumiendo sin complejos sus postulados más extremos. Ese es su principal objetivo.Mazón demostró que, para él, cualquier medio justificaba su fin, que era seguir al frente de la Generalitat, aunque ello implicase replicar el discurso xenófobo de la formación de Abascal al aceptar sus exigencias en materias como la migración o lengua. Para demostrar su compromiso el jefe del Consell cargó contra el pacto verde europeo, el "dogmatismo climático" y se negó a acoger a menores migrantes. Un discurso que después respaldó la dirección nacional del Partido Popular y que ahora los ultras endurecerán a cambio de investir a Pérez Llorca.Tras el acuerdo, el portavoz de Vox en las Corts, el citado José María Llanos, se jactaba de haber plasmado en las cuentas un tijeretazo del 30% en las subvenciones a los sindicatos, en las ayudas a la Cooperación al Desarrollo y de un recorte severo en la Academia Valenciana de la Llengua (AVL). La Academia Valenciana de la Llengua es la institución encargada de dictar la normativa, según recoge el Estatut d’Autonomia, cuyas funciones son similares a las de la Real Academia Española (RAE), pero que para Vox es un organismo "catalanista" al servicio del "separatismo".Todas estas cesiones son claves para los ultraderechistas y, explican, en parte, la actitud displicente con el Ejecutivo valenciano. En lugar de contener a los ultras, el PP valenciano ha amplificado su discurso, otorgándole espacio para introducir retrocesos en materias clave como los derechos LGTBI, la memoria democrática o la política lingüística La estrategia de perfil bajo de Mazón, en lugar de amortiguar las exigencias ultra, las ha amplificado. La Comunitat Valenciana es esencial en el mapa electoral español y Vox lo sabe. Es la cuarta comunidad más poblada y también la cuarta economía en términos de PIB total. Aporta al Congreso 33 diputados —casi el diez por ciento— y es vital para unas elecciones generales. En las de 2023, el PP se impuso con 13 parlamentarios, mientras que el PSOE se quedó en 11. Vox obtuvo cinco y Compromís-Sumar logró cuatro. La reactivación del electorado progresista por el caso de Mazón podría ser clave en ese territorio en los comicios que Pedro Sánchez planea que sean en 2027.El candidato del PP, Pérez Llorca, fue arquitecto de los pactos provinciales y negociador del acuerdo exprés con Vox en 2023, y ahora aparece como la persona idónea para mantener esa línea de diálogo. Pero ahí radica también su principal riesgo: consolidar la imagen de un PP rehén de sus socios, incapaz de imponer su propio relato político ante la nueva estirpe de pactos que Vox pretende imponer a los populares, empezando precisamente en la Comunitat. La dependencia parlamentaria puede obligar al PP a aceptar que Vox sea, de facto, quien fije las prioridades ideológicas del Consell. Esto ya tiene eco en las encuestas. En las últimas elecciones a Les Corts, Vox obtuvo 310.184 votos, el 12,57% del total, situándose como cuarta fuerza política de la comunidad —13 escaños, tres más que en las anteriores—, pero en las generales celebradas dos meses después consiguió adelantar a Compromís para ocupar el tercer lugar con el 15,65% de los sufragios. En el PP ya apuntan a un Vox en torno a los 20 diputados —lo que equivaldría a superar, por poco, el 20% de las papeletas—. Y es que, según las cifras que manejan en el PPCV, los ultras absorberían los siete diputados que el PP de Mazón pierde. La extrema derecha valenciana suma, además, los vestigios de lo que se llamó blaverismo, el movimiento regionalista anticatalán de derechas surgido frente al valencianismo de izquierdas, más favorable a establecer vínculos culturales y lingüísticos con Cataluña, durante la Transición. Su expresión más institucional, la desaparecida Unió Valenciana, fue fagocitada por el PP de Zaplana y Camps.