En unas horas escucharemos el “visto para sentencia” de uno de los juicios más insólitos (si no el más) que uno recuerda. La propia escenografía de la sala ya lo dice todo: de frente, los cuatro magistrados y tres magistradas de la Sala Penal del Supremo que forman el tribunal. A un lado, el fiscal general del Estado, dos abogados del Estado, una teniente fiscal y un fiscal asistente. Al otro, el abogado del novio de Ayuso, el del Colegio de Abogados de Madrid y un asesor (¡tiene bemoles!), el abogado del Foro Libertad y Alternativa (la cosa de Vidal-Quadras, cofundador de Vox), el representante de Manos Limpias (que no necesita presentación) y dos abogados de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (que tiene de profesional y de independiente lo que yo de astronauta). Dicho de otra forma, a un lado se sienta como acusado el poder del Estado encargado de perseguir a los delincuentes, y al otro, como acusador, el representante de –se ponga como se ponga– un defraudador fiscal confeso y un repertorio de intereses particulares, partidistas o directamente ultras. El mundo al revés.Este miércoles por la tarde ha llegado el turno de Álvaro García Ortiz. En una breve declaración (con ese tono suave de quien cuesta imaginar que alguna vez levante la voz) ha reiterado su inocencia: sostiene que no filtró el maldito correo-misil del abogado de González Amador, asegura que borra todos los datos de su teléfono cada mes para proteger la confidencialidad de los asuntos de Estado que maneja, y denuncia el registro-atropello practicado en su día por la UCO en su despacho, en busca durante horas de pruebas documentales que no hallaron. Se ha negado a responder las preguntas del bando inquisidor deseoso de montar un show en el Supremo a costa del fiscal general. “La verdad no se filtra, se defiende”, ha afirmado para explicar que estaba en la obligación de salir al paso del bulo lanzado nada menos que desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, y lo hizo con una nota oficial (ver aquí). Para no enredarnos en tecnicismos y conceptos reservados a especialistas y estudiosos del derecho penal, dejo aquí un breve repaso de lo más relevante (a mi modesto entender) acontecido durante el juicio:1.- El fiscal que investigaba los presuntos delitos fiscales de Alberto González Amador (“Alberto Quirón” en la agenda del jefe de gabinete de Ayuso) y su jefa confirmaron ante el tribunal que el correo de marras llegó a un buzón genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos al que tienen acceso al menos 16 personas y, en cuestión de horas, muchísimas más. Además, el fiscal Salto reveló que hubo al menos otro correo no investigado que solo pudo ser filtrado por el propio González Amador o por el entorno de Ayuso, y que fue publicado por el diario El Mundo (ver aquí). Y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró también para evidenciar su animadversión hacia su superior, el fiscal general, sin atreverse tampoco a acusarlo de la filtración.2.- El acusador/presunto delincuente/defraudador confeso vía abogado y pareja de Ayuso hizo una declaración victimista en la que amenazó con “suicidarse” (cosa que no le deseo) o “escaparse” (cosa que no le deseo a la Hacienda común ni a la ya bastante desacreditada justicia) y reprochó a García Ortiz haberle “destrozado la vida” (con un par, como El Dioni en la canción de Sabina). Ver aquí.3.- Miguel Ángel Rodríguez, alias MÁR, autor confeso del bulo que adjudicaba al fiscal general la orden de no llegar a un acuerdo con González Amador para fastidiar a su novia, se permitió ante el tribunal chulerías de alto calibre, con un desprecio absoluto a la ética en la función pública –fue “una deducción”, “una suposición”– y al ejercicio y función del periodismo –“soy periodista, no abogado ni notario”, soltó como justificación de su malintencionado y premeditado bulo–. Nada sorprendente viniendo de un individuo cuya estrategia de comunicación consiste en la mentira y la amenaza permanentes, así como en la adjudicación opaca de fondos públicos a medios afines a la derecha o directamente pseudomedios dedicados a desinformar (ver aquí).4.- Tanto en las preguntas a los fiscales como a Alberto Quirón y su ángel de la guarda-MÁR se habló constantemente de la “nota informativa” publicada en respuesta al bulo de origen y de la que se hizo responsable desde el primer minuto el fiscal general. No se entiende que el presidente del tribunal haya permitido una y otra vez dar vueltas a una “nota informativa” que la propia Sala Penal rechazó como delictiva en el inicio de este caso. La excusa es que “servía para entender el contexto”. Bueno, el contexto parte de la mentira lanzada desde la propia presidencia de la comunidad de Madrid, cuya titular apareció un día antes en socorro de su pareja proclamando –de nuevo– el mundo al revés: “Es Hacienda quien debe 600.000 euros a mi pareja”. Aún no hemos escuchado una rectificación ni unas disculpas (Ayuso también es periodista, pero claro, con el mismo respeto a los hechos que su mano derecha).5.- Los testimonios de al menos cuatro periodistas de distintos medios: José Precedo, Miguel Ángel Campos, José Manuel Romero y Alfonso Pérez Medina –todos obligados a decir verdad– han sido coincidentes y contundentes, por más que en la fase de instrucción el ínclito juez Ángel Hurtado (el que no vio el nombre de Rajoy detrás de las siglas M. Rajoy al juzgar el caso Gürtel) se negara a escucharles, ni mucho menos a darles crédito. Todos aseguran que tuvieron el correo de marras o el contenido del mismo horas o hasta siete días antes de que lo recibiera el propio fiscal general a las 21.59 h de aquel infausto 13 de marzo de 2024. Dos de los periodistas, sin identificar sus fuentes –amparados en un secreto profesional sagrado en democracia que ojalá sus señorías hayan entendido–, han apuntado que la información o filtración no procedió en ningún caso del fiscal general, sino que salió de la Fiscalía de Madrid. Por si alguien quiere, de verdad, investigar…6.- A medida que avanzaban las declaraciones de testigos se iba confirmando lo que ya era un clamor durante la instrucción de este proceso: no aparece una sola prueba incriminatoria contra el fiscal general, y sí han aparecido pruebas de descargo en su defensa. Por ejemplo, el testimonio del responsable de protección de datos de la Fiscalía General, que defendió la conveniencia de un “borrado periódico de los dispositivos electrónicos” de los responsables de Fiscalía para evitar “brechas de seguridad” (ver aquí).y 7.- Lo del borrado que García Ortiz hizo de sus mensajes y correos era la última esperanza de las acusaciones para acorralar al inculpado, del mismo modo que ese borrado fue el único indicio –que no prueba– en el que basó el juez Hurtado su auto de procesamiento. Por eso el bando inquisitorial esperaba con ansiedad la declaración en la mañana de este miércoles de los responsables de la UCO que efectuaron un registro a la sede de la Fiscalía General más propio del desmantelamiento de la cúpula de una banda de narcotraficantes. Pues bien: los investigadores corroboraron que no pudieron encontrar nada en esos dispositivos porque estaban vaciados y el fiscal general ha explicado un rato después que, efectivamente, hace un borrado más o menos mensual y que ha cambiado de móvil unas cuantas veces durante su mandato.Conclusión: no se ha puesto sobre la mesa en este juicio prueba alguna que demuestre que García Ortiz fue el autor de la filtración del correo en el que González Amador, a través de su abogado, ofrecía un acuerdo de conformidad a la Fiscalía para evitar la cárcel por los “delitos fiscales cometidos”. Al contrario, se han escuchado testimonios detallados en fondo y forma que exoneran al fiscal general como autor de esa presunta filtración (y ya hay que decir presunta porque sabemos que a la hora y día en que García Ortiz recibió el correo, ya estaba en manos de medio Madrid). Uno no es aficionado a hacer quinielas ni vaticinios, menos aún de futuras sentencias. Pero cuesta creer que toda una Sala Penal del más alto tribunal de justicia pueda condenar sin pruebas a un fiscal general (o a cualquiera) al que se ha obligado durante un año y medio a demostrar su inocencia, mientras sus acusadores no han sido capaces de demostrar su culpabilidad. Ni siquiera un juez tan creativo como Manuel Marchena (cuya capacidad interpretativa ya ha demostrado con su insólita versión de lo que es malversación para no aplicar a Puigdemont la amnistía decidida por el parlamento) sería capaz (creo) de semejante atropello. Aunque solo fuera para no arriesgarse a algún voto particular de compañeras que podrían ridiculizar incluso esa condena con la misma solvencia y credibilidad con que expresó su discrepancia el juez Ángel Palomo, de la Sala de Apelaciones, ante el procesamiento de García Ortiz. “Inexistencia de indicios” o “indebido entendimiento del proceso penal”, llegó a escribir. Sin embargo, tampoco podemos pecar de ingenuos. Ha sido tal la exhibición de anomalías en este proceso que a uno no le extrañaría una sentencia absolutoria aunque, eso sí, con una redacción suficientemente ambigua sobre el fiscal general, haciéndole de algún modo responsable de no ser condenado por haber borrado intencionadamente las “pruebas”. En puridad, la ley exige que no se deslicen sospechas de culpabilidad en una sentencia absolutoria (como este mismo miércoles explicó el catedrático Jordi Nieva en La Hora de La1), pero con la factoría creativa de algún cerebro del Supremo nunca se sabe.Este hipotético final del gravísimo sainete al que venimos asistiendo serviría para que toda la caverna periodística tuviera sus titulares de portada y horas de televisión colgando del palo más alto al fiscal general, “inocente pero culpable”. Y lo mismo para los dirigentes de PP y Vox, que ya condenaron a García Ortiz desde antes del minuto uno. Alberto Quirón y su novia seguirán apareciendo como mártires del “sanchismo” mientras esperan la sentencia del clamoroso fraude fiscal producto de un pelotazo en los contratos de la Comunidad con Quirón. El mundo al revés.