Un supuesto defraudador fiscal acusado por dos delitos contra la Hacienda Pública plenamente acreditados por la Agencia Tributaria y otro de falsedad documental, y a la vez imputado por administración desleal y corrupción en los negocios por tratar de ocultar una presunta comisión de 500.000 euros a un directivo de Quirón –la principal contratista sanitaria del Gobierno que dirige su novia–, se presentó el pasado martes en el Tribunal Supremo como una víctima de una operación de Estado. La sobreactuación de Alberto González Amador ante los magistrados –"Me han destrozado la vida; o me voy de España o me suicido", declaró– no solo buscaba la condena del acusado, el fiscal general del Estado. Amador cree que, con una sentencia condenatoria contra García Ortiz, podrá lograr el archivo de la causa por cinco delitos que el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid sigue contra él. En el relato que trata de imponer su abogado, Gabriel Rodríguez-Ramos, ante el Alto Tribunal, Amador es el perjudicado directo de una supuesta conspiración de al menos tres instituciones del Estado controladas por el PSOE –el Gobierno, la Agencia Tributaria y la Fiscalía– para dañar políticamente a su pareja, Isabel Díaz Ayuso (del PP) a través de él. La resolución de la Sala de lo Penal del Supremo con la que se abrió el caso contra el fiscal general considera que la conducta de la que se le acusa –revelar un correo de unas negociaciones de conformidad en la que Amador confesaba sus delitos para evitar la cárcel– habría afectado a un derecho fundamental de Amador, el derecho de defensa. "Estimamos que, al menos indiciariamente, en este supuesto, sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa del Sr. González Amador, como consecuencia de la revelación de un correo existente entre su letrado y el fiscal de delitos económicos, el día 2 de febrero de 2024", sostenían los magistrados en su auto de admisión a trámite, con el que se inició la instrucción. La causa que se sigue contra el novio de Ayuso en los juzgados de Plaza de Castilla consta de dos piezas. La primera y principal es la que dio inicio al caso, los dos delitos fiscales y la falsedad documental derivada de las facturas falsas que presentó ante a Hacienda para tratar de ocultar el fraude tributario. Esa pieza ya está totalmente instruida y el juzgado ha dictado auto de apertura de juicio oral. El proceso se iniciará en unos meses ante un Juzgado de lo Penal de Madrid. La segunda pieza, la relativa a la compra de una sociedad inactiva y sin capital ni empleados a la esposa de un directivo de Quirón por medio millón de euros en una operación que trataría de ocultar una comisión irregular –una conducta más difícil de probar– sigue todavía en la fase de investigación.En caso de que el fiscal sea finalmente condenado en el Supremo, la defensa de Amador en el caso en el que está acusado e imputado por cinco delitos –el mismo equipo que lo representa en el juicio contra García Ortiz– reclamará, con total seguridad, que la causa abierta contra él se anule. El motivo que alegará es vulneración de derechos fundamentales. En concreto, hará valer la sentencia para demostrar que la Fiscalía, a través de su máximo representante, vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.2 de la Constitución en su vertiente del derecho de defensa. Serán el Juzgado de Instrucción 19, del que es titular Antonio Viejo, el juez de lo Penal al que corresponda el juicio de los delitos fiscales, o la Audiencia de Madrid los órganos que, hipotéticamente, tendrán que decidir si anulan las actuaciones por ese motivo.Varios magistrados del orden Penal consultados por infoLibre consideran que, aun habiendo condena, en la causa contra Amador no cabría declarar la nulidad. Esos magistrados explican que el derecho de defensa afecta únicamente al proceso en sí, es decir, tanto a las diligencias que hubiera iniciado el fiscal, como a la causa ya abierta en el juzgado o en el propio juicio cuya apertura ya se ha dictado. Esas mismas fuentes aseguran que las negociaciones para una conformidad son externas al proceso, como explica el hecho de que esas conversaciones previas al acuerdo no estén reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reserva o el secreto que establece esa ley para la instrucción no engloba los tratos para establecer los términos del acuerdo entre el fiscal y el acusado, que necesariamente implica la confesión de los delitos que se le achaquen. Pueda o no lograrlo, que la defensa de Amador trate de conseguir que se le exima de sus delitos mediante la nulidad es algo que solo podría intentar en caso de que, tras el juicio que se celebra estos días, haya sentencia condenatoria. En caso contrario, si el fiscal general sale absuelto, a González Amador solo le quedarán dos vías: las mismas que le indicó su abogado cuando Hacienda le comunicó la existencia de sus delitos. La primera es seguir adelante con el juicio que tiene pendiente por sus dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública y su falsedad documental, y defenderse en la instrucción de los otros dos que se le imputan (corrupción en los negocios y administración desleal) en la pieza separada. La segunda es volver a negociar con el Ministerio Público para reconocer de nuevo los delitos que se le achacan y tratar de lograr evitar la prisión. Una exfiscal de delitos económicos que ha llevado varias causas de este tipo explica que, en estos casos, lo más razonable para el acusado es tratar de llegar a un acuerdo para conseguir una reducción de la condena y que, en principio, no existirían obstáculos para meter en un mismo paquete todas las infracciones penales que se le achacan en una hipotética negociación. El escenario que afrontará en ese caso, sin embargo, es mucho más complicado que el del primer intento, hecho a toda prisa el 2 de febrero de 2024 –fecha del correo en el que su abogado decía "ciertamente se han cometido dos delitos fiscales"– antes de que ni siquiera hubiera empezado la fase de instrucción y, por supuesto, la pieza separada. En ese momento habría podido salir con una condena muy leve por solo dos delitos, así como el pago de la multa y la cuota defraudada. Si Álvaro García Ortiz sale absuelto, Amador se enfrentará a penas más graves y, si quiere reducirlas o evitar su cumplimiento, tendrá que admitir otra vez los hechos. Por eso, la causa contra el fiscal general es su última bala.