"Había salido de la consulta todos los años con la próxima cita ya en la mano, y de golpe me llega un correo diciendo que mi cita está suspendida y que en breve le asignaremos otra." Así cuenta Ana María, una madrileña de 45 años, cómo esta semana ha recibido una notificación de su hospital retrasándole su revisión anual para prevenir el cáncer de mama. Desde hace cuatro años se somete a mamografías anuales en el Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) para controlar los quistes de su pecho. "Yo siempre he tenido bultos, pero uno me lo suelen calificar como hallazgo benigno y el otro como posiblemente benigno, con requerimiento de revisión". Esa situación de cierta peligrosidad le ha llevado a encadenar varias mamografías consecutivas cada mes de diciembre hasta este mismo año. La última vez que acudió fue el 12 de diciembre de 2024 y, a los pocos días, ya tenía asignada su cita para el 26 de diciembre de 2025, que acaban de retrasar "por motivos del centro" y sin una nueva fecha prevista.La inseguridad de la paciente se ha agravado con el contexto de la crisis por los fallos en los cribados en Andalucía. La Junta ha reconocido que al menos 2.317 mujeres se han visto afectadas por los retrasos en la detección de cáncer de mama. Una cifra que la asociación Amama considera insuficiente y eleva hasta las 20.000 afectadas. A ese escándalo se suma la negativa de las Comunidades gobernadas por el Partido Popular a facilitar al Ministerio de Sanidad los datos sobre sus programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix. Esta decisión, que incluye al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, es lo que más inquieta a Ana María. "Que me cancelen la cita cuando llevaba cuatro años sin problemas y no me digan cuándo me la pondrán me inquieta. Me hace pensar que quieren priorizar a las que de verdad están en problemas", lamenta.Desde que cumplió los cuarenta años, Ana María se topó de lleno con la saturación de la sanidad pública madrileña. "Pedí cita para hacerme mi primera mamografía en la pública y no me daban fecha, ni sabían cuándo podrían atenderme", recuerda. Ante la imposibilidad de esperar, recurrió a la sanidad privada para realizar su primera prueba. Ana María señala que aquel paso a la privada no fue una elección, sino "la única manera de garantizar una revisión a tiempo y poder quitarse el miedo". Ya cuando obtuvo su primer diagnóstico sobre sus bultos benignos, volvió al sistema público siguiendo la recomendación de la radióloga que la atendió.Este caso refleja una tendencia cada vez más evidente en la sanidad la región. Según los últimos datos oficiales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), en septiembre de 2025 había 1.030.822 madrileños en lista de espera sanitaria, de los cuales 185.735 aguardaban una prueba diagnóstica o terapéutica, entre ellas las mamografías. Son más de 10.000 personas más que el mes anterior. Una cifra que, para CCOO Madrid, evidencia un sistema al límite. "El problema no es solo de personal, sino de modelo", sostiene Marisol Castro, portavoz de la Federación de Sanidad del sindicato. "La Comunidad no incentiva que las pruebas se hagan en los hospitales públicos, y lo que se consigue con eso es que se acabe derivando a la gestión concertada o privada", añade.Comisiones Obreras ha documentado una brecha cada vez más amplia entre los hospitales públicos de gestión directa y los cuatro centros concertados gestionados por QuirónSalud: Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) y General de Villalba. En 2023, el Hospital Ramón y Cajal, público de gestión directa, realizó 15.651 mamografías para una población de más de 600.000 personas, lo que equivale a 21 pruebas diarias. En el mismo periodo, el Rey Juan Carlos, efectuó 44.709 mamografías para apenas 180.000 habitantes, con una media de 180 al día.El ratio medio en la región se sitúa en 63,82 mamografías por cada 1.000 tarjetas sanitarias individuales al año, pero hospitales como el Rey Juan Carlos (242,43) o el Infanta Elena (82,45) —ambos gestionados por Quirón— superan la media regional. En el extremo opuesto se sitúan centros totalmente públicos como el Ramón y Cajal (25,81), el Hospital de La Princesa (32,43) o el 12 de Octubre (34,62), todos muy por debajo de la media.CCOO detecta que la falta de productividad en los hospitales públicos "no se debe a limitaciones técnicas ni humanas", sino a una gestión que "mantiene los mamógrafos cerrados por las tardes, los fines de semana y los festivos, mientras las clínicas concertadas funcionan a pleno rendimiento". Además, Castro denuncia que muchos pacientes, a la hora de concertar una cita, reciben una alternativa rápida en los centros concertados o privados frente a la espera de varios meses para que los atiendan en la pública. No obstante, el sindicato plantea que, abriendo las agendas de los mamógrafos por las tardes y los fines de semana, contratando al personal suficiente e incentivando económicamente a los técnicos y radiólogos, se podrían realizar 50 mamografías por profesional al día, eliminando la lista de espera en menos de medio año.El caso de Ana María, según Castro, supone un síntoma del sistema más que una problemática individual. Una señal de que incluso los centros que más pruebas realizan —como los hospitales gestionados por QuirónSalud— están empezando a verse saturados. "Cuando concentras toda la actividad en unos pocos centros, por mucho que sean privados o concesionados, acabas trasladando el problema, porque el sistema no se alivia, solo se desplaza", advierte.La Comunidad de Madrid arrastra, además, un historial de colapso diagnóstico que ya se hizo evidente en 2023, cuando el servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario La Paz acumuló más de 11.000 biopsias sin analizar. Aquella crisis, denunciada por sindicatos y recogida por varios medios, desveló que los técnicos de laboratorio trabajaban doblando turnos para procesar las muestras, con retrasos de más de un mes en resultados que debían entregarse en un máximo de 15 días. "Era una situación de estrés absoluto, con miles de pruebas oncológicas sin respuesta y pacientes que no sabían si su tumor era maligno o no", explica Guillén del Barrio, enfermero y delegado sindical del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad (MATS) en el Hospital La Paz de Madrid.Para Marisol Castro, la raíz del problema no está en la falta de recursos ni de tecnología, sino en la ausencia de voluntad política para activar la red pública. "Los mamógrafos, los radiólogos y el personal están, pero los hospitales públicos siguen a medio gas mientras se sigue derivando a la privada. O se refuerza la pública y se le devuelve su capacidad real, o la prevención dejará de ser un derecho y pasará a ser un privilegio", concluye.