Cuando el jueves por la mañana el grupo parlamentario de Junts en el Congreso anunció una comparecencia sorpresa, la vida continuó con normalidad. Nadie mandó parar máquinas, ni se interrumpieron los programas matinales de las televisiones más allá de alguna llamada en pantalla sensacionalista de quienes desean que todo estalle.Míriam Nogueras, al frente de su grupo, compareció para decir que rechazan cualquier iniciativa del Gobierno, que no van a negociar ninguna propuesta y que, de esta forma, “la legislatura de Sánchez queda bloqueada”. ¿Y? Nada nuevo bajo el sol. Junts ha echado por tierra ya votaciones estratégicas en el Congreso, como la reducción de la jornada laboral o el decreto anti-apagones. Si quiere verse alguna novedad, podrá encontrarse en el lenguaje utilizado. Nogueras afiló el cuchillo para hablar de la “ley Begoña” o “ley Bolaños”, es decir, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en virtud de la cual sean los fiscales los que instruyan las causas penales y se limiten las acusaciones populares. Tras decir que la legislatura estaba bloqueada, Nogueras salvó de la quema cinco leyes por haber sido tramitadas con anterioridad: el proyecto de ley de movilidad sostenible, el de la ley de atención al cliente, el de la ley del cine, el de la ley de economía social y la convalidación del real decreto-ley ELA. Bloqueo, pero poco, por tanto.Queda la duda de qué pasará con el resto de iniciativas y de si el Gobierno será capaz de poner encima de la mesa algo a lo que Junts no pueda decir que no; pero lo que se ha explicitado de forma inequívoca es la impotencia de los independentistas para hacer valer su fuerza en el Congreso asfixiados por el crecimiento de Aliança Catalana y con la mirada puesta en las próximas elecciones municipales. (No es casualidad que una de sus últimas iniciativas haya sido proponer una quita de la deuda a los municipios similar a la que a la que se plantea para las comunidades autónomas). Los de Junts saben que la única posibilidad real que tienen de dar un puñetazo encima de la mesa pasa por apoyar una moción de censura anti-natura, uniendo sus votos a los del PP y Vox. De momento, hoy no están ahí. Veremos mañana.No obstante, la aritmética parlamentaria, ya complicada desde el primer momento como el propio presidente reconoce en esta entrevista, se tensa cada día más. Si alguna vez Sánchez tuvo esperanzas reales de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado, ahora ya no puede defender ni siquiera la posibilidad. Así las cosas, ¿puede continuar la legislatura? Hay quienes abordan este debate desde el punto de vista de la legitimidad, dudando de que sea legítima la continuidad de un Ejecutivo que sabe que no tiene la mayoría parlamentaria. Otros aducen que el Parlamento es el que las urnas quisieron que fuera y que, superada la investidura, a Sánchez le quedan casi dos años para seguir gobernando, o al menos, gestionando. Es decir, limitando la acción de gobierno a aquellos asuntos que no necesiten de tramitación parlamentaria, y que no son pocos. Sería una oportunidad, defienden, de ir recuperando apoyos con políticas sociales y avance en derechos. No creo, sin embargo, que la decisión se vaya a sustanciar en términos de legitimidad, sino de oportunidad. Los fondos europeos van a ir tocando a su fin y el desgaste del Gobierno puede acusarse con la celebración de elecciones autonómicas que, a priori, no les resultarán favorables ni al PSOE ni a Sumar. La primera, Extremadura, con el imputado Gallardo como candidato el 21 de diciembre. Luego llegará Castilla y León, y quién sabe qué puede ocurrir en Valencia y, por supuesto, Andalucía. Los destinos electorales suelen depender de dos cosas: de los aciertos propios y de los errores ajenos. En Moncloa saben que su situación puede mejorar o empeorar levemente, a la luz de cómo se han ido moviendo las encuestas en los últimos meses, pero el suelo socialista, en un contexto de extra confrontación izquierda/derecha, parece resistir bien.Donde está el problema real en el bloque de la izquierda es en el resto de fuerzas, en ese espacio que antaño ocupaba Podemos, ahora Sumar y lo que queda de los morados, y en un futuro próximo quién sabe. No parece que las relaciones de Podemos y Sumar estén enfocadas al reencuentro y, aunque así fuera, la desconfianza de su electorado sería demasiado alta, visto lo visto, para volver a elegir la papeleta común. Por otro lado, el sueño de que el PSOE recoja todo el voto de la izquierda no pasa de ser eso, un sueño; ningún dato ni indicio lo avala. Cosa distinta es que pudiera haber acuerdos en provincias en las que la suma de toda la izquierda pudiera ser un ganar-ganar para ambos. Veremos. Pero no olvidemos la otra parte de la ecuación. Incluso en el peor momento del PSOE, allá por julio, cuando estalló el caso Koldo, los populares apenas crecían nada. Era Vox quien salía beneficiado del descontento, como lo es también en Valencia. De esta manera, el momento idóneo para que los socialistas decidan convocar elecciones puede ser aquel en que la derecha, y especialmente el PP, se encuentre en mínimos. Quizá la historia esta vez sí que se repita y el acuerdo de la derecha y la ultraderecha para elegir nuevo president en Valencia precipite una convocatoria electoral. Los escenarios que se abren son muchos, pero todos se construyen sobre dos ejes: la creciente dificultad del Gobierno para continuar sin mayoría parlamentaria y la creciente debilidad de los populares con la ultraderecha al acecho. En el punto donde ambas líneas se crucen, iremos a las urnas; sea eso en unos días, o en la primavera de 2027. Y, probablemente, ni ellos lo saben.