El oscuro negocio viene de lejos, en concreto, de los años 60 y 70, cuando el que fuera propietario del número 127 del paseo de las Delicias comenzó a alquilar todos los pisos para el negocio de la prostitución . Un lucrativo fin que a su muerte continuaron sus hijos, dos hombres y una mujer hoy ya de avanzada edad. Los tres hermanos, dueños del céntrico inmueble, de cinco plantas y 18 viviendas en total, son conscientes de lo que allí dentro acontece. Pero a decir verdad, les da absolutamente igual. Para ellos lo primordial es cobrar religiosamente cada mes, como así se lo hicieron saber a los agentes de la Policía Nacional que les tomaron declaración. Sabedores de que el Código Penal no castiga su falta de escrúpulos (la ley del 'sólo sí es sí' dejó fuera la tercería locativa, un término que alude al lucro de quien proporciona un lugar para que otras personas se prostituyan), argumentaron que de esta forma se ahorraban además cualquier problema de okupación. Una surrealista explicación que en realidad dejaba entrever lo calculado que tenían todo. Al ser ellos los dueños del edificio y destinar todas las casas a la misma actividad evitaban también cualquier conflicto vecinal, al menos, de puertas para dentro. «Generan malestar al barrio, pero a diferencia de otros pisos, no hay residentes en el mismo bloque que puedan denunciar la situación», expone el jefe de la Sección de Investigación de Trata de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Madrid, Víctor de las Heras, al frente de una operación que ha acabado con 16 personas detenidas y 140 identificadas. Fue este inspector jefe quien pidió a uno de los suyos abrir una investigación sobre el inmueble de marras. «Para ver quiénes están cobrando, quiénes pagan por los pisos...», añade, con el objetivo de saber si los inquilinos son los que realmente habitan los apartamentos o estos han pasado a manos de controladores. Y no tardaron en llegar a una misma conclusión: las 'mamis' («mujeres que primero han sido víctimas de trata, y que después han asumido el rol de controladoras») pagan directamente los alquileres, toda vez que los propios arrendatarios han cedido su uso. Llegados a este punto, los dueños de los alojamientos podrían denunciar la situación por contrato irregular, pero recuerden que su único propósito es cobrar religiosamente cada mes. Y las 'mamis' lo que se dice pagar, pagan. Por ello, los efectivos de la Sección de Trata mantuvieron las vigilancias hasta que un día decidieron actuar. «Accedimos a las zonas comunes y preguntamos piso por piso si podíamos entrar», prosigue De las Heras, para cuyo operativo contó con la colaboración de la Unidad de Intervención Policial, Unidad de Medios Aéreos, Guías Caninos y trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. Fue entonces cuando comprobaron que algunas de las mujeres tenían un temporizador en la puerta de su habitación para controlar la duración de sus servicios, amén de cámaras de vídeo remotas ubicadas en el acceso a las zonas comunes. Dos elementos instalados para seguir con el negocio abierto las 24 horas del días, en un bloque de libre acceso y en el que las puertas siempre están abiertas. Fuera del mismo, la Inspección de Trabajo ha abierto seis actuaciones en locales colindantes en el propio paseo de las Delicias, donde se cerraban el precio y las condiciones del encuentro entre clientes y mujeres. De las 16 personas detenidas, diez son las 'mamis' (de origen latino) que regentaban estos pisos y los otros seis clientes, todos ellos por estar en situación irregular en España. Tras quedar en libertad, el macroburdel ha vuelto a su funcionamiento habitual, sin que por ahora se hayan constatado cambios en el esquema de funcionamiento. Mientras tanto, y ante las evidentes sospechas de que detrás de este entramado hay una organización criminal, los investigadores de la Policía Nacional han enviado a la Fiscalía la información de la que disponen para pedir la judicialización del caso. Respecto a las mujeres, los agentes recuerdan que las mafias de la prostitución les proporcionan droga para venderla durante los servicios, «y si consumen ellas y los clientes también les pagan un poco más», subraya De las Heras, en alusión a un claro indicador de presión para tenerlas a su merced. Cabe recordar que el auge de estos pisos burdel en grandes ciudades dificultan la labor de investigación al no poder identificar siempre a las víctimas y a sus proxenetas, a diferencia de los mayores controles que se pueden hacer en la calle y los clubes de alterne. Obstáculos que no frenan la labor de los especialistas del Cuerpo Nacional, quienes suman en lo que va de año en Madrid más de 226 fichas de trata.