El letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tan solo cuestiona dos aspectos menores y ya superados de la norma, como la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación y retirar las cautelaresTodo lo que hay en juego para Puigdemont (y el Supremo) en el examen de la Justicia europea a la amnistía Aval del abogado general de la Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a los aspectos nucleares de la ley de amnistía. El abogado general ha concluido que la norma “no se opone” a la normativa europea de lucha contra el terrorismo ni a la protección de los intereses financieros de la Unión. Se trata de los dos elementos centrales, relativos a la malversación y el terrorismo, que sí cuestionaban los tribunales españoles contrarios a la norma. El letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tan solo cuestiona dos aspectos menores y, en parte, ya superados de la norma, como la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE el año pasado y este plazo ya se ha cumplido) y retirar toda medida cautelar, según la lectura que ha realizado este jueves en la sala del tribunal en Luxemburgo. Además de la ofensiva del Tribunal Supremo contra la ley al negarse a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers, cuatro instancias nacionales enviaron al TJUE cuestiones prejudiciales antes de decidir sobre la norma. Las cuestiones prejudiciales más relevantes fueron las enviadas a Luxemburgo por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en los casos sobre los gastos del 1-O y los CDR acusados de terrorismo. Estos tribunales consideran que la norma pone en riesgo los intereses financieros de la UE y vulnera a la directiva europea de lucha contra el terrorismo. El abogado general de la UE es una figura del TJUE que proporciona a los magistrados opiniones jurídicas sobre los casos tras estudiarlos a fondo. Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero guían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la redacción de la sentencia, que todavía no tiene fecha. De la respuesta europea a la amnistía dependen, en buena medida, dejar ya casi en imposible cualquier nueva petición del Supremo para extraditar al expresident Carles Puigdemont así como salvar de la cárcel a los CDR acusados de terrorismo. Uno de los aspectos clave de la futura sentencia será ver el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo pueden dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía (y que será clave para comprobar si los magistrados en España vuelven a ignorar la ley y no la aplican en los casos más sensibles para los independentistas, como ha hecho el Supremo con Puigdemont). Para ello habrá que esperar a la sentencia del TJUE dentro de unos meses. La vista que el TJUE celebró en julio sobre la ley de amnistía estuvo marcada por las valoraciones políticas contra la norma que realizó el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, quien cuestionó la amnistía “a cambio” de la investidura. A nivel jurídico, la Comisión se situó en un punto intermedio entre partidarios y detractores de la ley: la avaló a grandes rasgos pero rechazó algunos de sus aspectos y, en otros, pidió dejarlos en manos de los jueces españoles (extremo que quieren evitar los independentistas). Por su lado, la Fiscalía española, la Abogacía del Estado y las defensas de los independentistas, tal y como ha ocurrido en España, defienden el encaje legal de la amnistía. Por el contrario, la entidad contraria a la independencia Sociedad Civil Catalana (que ejerce la acusación en el Tribunal de Cuentas) y la Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT, la acusación contra los CDR) niegan que la normativa comunitaria ampare el olvido legal al procés.