El Real Decreto 893/2024, que regula el nuevo derecho de las trabajadoras de hogar a que sus empleadores evalúen sus riesgos laborales, establece varios plazos que el Ministerio de Trabajo ha incumplido. En marzo, hace ya ocho meses, terminaba el límite que el departamento de Yolanda Díaz se había dado para desarrollar una plataforma formativa en prevención de riesgos para las empleadas de hogar. También incumple el plazo que se había dado para la elaboración de un protocolo de actuación contra las situaciones de acoso y violencia que sufran estas profesionales y para completar una guía técnica para la prevención de riesgos. Ambos documentos debían estar disponibles en septiembre y no hay rastro de ellos. Seguir leyendo