El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha impuesto una orden de alejamiento a un hombre acusado de agredir en plena vía pública a una médica que se encontraba acompañada por su hija menor. La medida cautelar prohíbe al sospechoso aproximarse a menos de 200 metros tanto de la profesional sanitaria como de la menor, y se extiende a su domicilio, lugar de trabajo y a cualquier espacio que frecuenten, según informó el Colegio de Médicos de Huelva.El juez ha establecido también la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación con las víctimas, ya sea por medios orales, escritos, telefónicos o a través de internet, incluidas terceras personas. Estas medidas permanecerán vigentes hasta que se dicte una resolución firme en el proceso penal abierto por presuntos delitos de atentado a la autoridad y lesiones.El acusado padece una enfermedad psiquiátrica y se encuentra actualmente en un proceso de incapacitación. Según la información judicial, la medida fue adoptada tras constatarse que el hombre, después de la agresión, había sido visto en varias ocasiones en las cercanías del domicilio de la médica, lo que generó inquietud en su entorno familiar. La profesional, con el respaldo jurídico del Colegio de Médicos, comunicó la situación a las autoridades policiales y judiciales.Riesgo para la sanitaria y su hijaEl magistrado ha considerado que existe una situación objetiva de riesgo tanto para la denunciante como para su hija, y ha tenido en cuenta la gravedad de los hechos y el parte de lesiones presentado. En consecuencia, ha decretado la orden de alejamiento con el objetivo de prevenir la repetición de conductas similares o la posible comisión de hechos de mayor gravedad.La resolución especifica que la medida entrará en vigor una vez el acusado reciba el alta del centro asistencial de Málaga donde permanece ingresado debido a su estado de inestabilidad. El juzgado ha determinado que el cumplimiento de la orden será supervisado para garantizar la protección de las víctimas.El auto judicial advierte además de que el incumplimiento de la medida podría derivar en nuevas restricciones a la libertad del denunciado y en responsabilidades penales adicionales. En tal caso, podría considerarse la comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial, conforme a lo previsto en la legislación penal vigente.