Cuando a Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le han relatado que a la denuncia contra González Amador y su expediente tributario habían tenido acceso antes de que se publicara unas 600 personas, y luego se le ha preguntado por qué solo se investigó al fiscal general del Estado, el teniente coronel ha respondido: "Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas". La contestación ha causado una carcajada entre el público que ha obligado al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo a recordar a los presentes que la ley prohibe a los asistentes a los juicios realizar "expresiones de aprobación o desaprobación", sobre lo que ocurre en el estrado.Ha sido el momento más llamativo del interrogatorio de la unidad de élite de la Guardia Civil que actúa en los principales casos de corrupción y delitos económicos. El informe que él, junto a otro subordinado, firmó tras analizar el teléfono de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, después de registrar su despacho y el del fiscal general, es la principal diligencia que sostiene las tesis de las acusaciones. En ese informe y en otros de la UCO, como el del teléfono del propio García Ortiz, no se contiene ninguna prueba fáctica de su autoría, pero el de Rodríguez habló expresamente de la "participación preeminente" del jefe del Ministerio Público en la filtración.Sin embargo, la defensa de García Ortiz, que ejerce la exabogada general del Estado Consuelo Castro, ha conseguido airear las contradicciones de ese documento que, para el instructor del caso, Ángel Hurtado, era poco menos que "verdad revelada". La abogada de García Ortiz ha repasado, una por una, las inferencias que hicieron los agentes en ese documento tratando de desmontarlas. La primera a la que se ha referido es la taxatividad con la que los agentes aseguran en su informe que la persona que filtró a eldiario.es la denuncia presentada por la Fiscalía contra el novio de Ayuso y su expediente tributario, publicada el 12 de marzo de 2024, fue el fiscal general. Los guardias llegan a esa conclusión porque el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, había recibido esos documentos el día 8.Castro le ha informado de que, en realidad, a esa documentación no solo tuvo acceso Villafañe y la fiscal Rodríguez, que fue quien se la envió, sino otras 600 personas –entre fiscales y funcionarios– de las carpetas compartidas en la que se colgó (en la fiscalía de Madrid, la Superior y la General) así como en las aplicaciones procesales del Ministerio Público (Safi y Fortuny) o todo el personal del decanato de los juzgados de Plaza de Castilla. "¿Intentaron ustedes averiguar si más personas habían recibido esa documentación?", ha preguntado a Balas.El teniente coronel de la UCO, tras su respuesta sobre las "investigaciones prospectivas", ha asegurado que en el momento en que se redactó el informe de su unidad la instrucción se centraba en las personas contra las que había "indicios o sospechas". "Había un elenco de personas que se fueron decantando hasta una concreta". Después ha añadido dirigiéndose a Castro: "Lo que usted señala es imposible de abarcar".La segunda "inferencia" de la UCO a la que se refirió la abogada del Estado es la que extraen de una cadena de mensajes intercambiados entre Rodríguez y Villafañe en la que este último le dice a aquella que se "cuide mucho" porque la van a "necesitar a tope. Esta pregunta que están pensando para ella y Villafañe le responde: "Todo bueno". El informe deduce de esa conversación que desde fiscalía general del Estado estaban anunciando a Rodríguez una futura promoción profesional. Castro, la abogada de García Ortiz, ha pedido al tribunal que mostrara a los guardias civiles otros mensajes anteriores entre ambos en los que Rodríguez informaba a su superior de un tratamiento oftalmológico que estaba recibiendo por un desprendimiento de retina. Después le ha preguntado si seguía creyendo que, con la conversación recogida en el documento policial, se estaba pensando en un ascenso para Rodríguez. Pese a la evidencia, Balas no ha cedido y ha asegurado que sí, porque Villafañe le dice "te vamos a necesitar a tope". La defensa de Amador también le ha preguntado si consideraron suficiente referirse únicamente a tres noticias del eldiario.es, El Mundo y la Cadena SER para tratar de acreditar que la filtración procedió del fiscal general. Antes de la SER –que dio la exclusiva sobre el correo inicial en el que era Amador el que confesaba los delitos y no la fiscalía quién proponía un pacto–, La Sexta dio una información recogiendo el mismo contenido: que era el novio de Ayuso quien buscaba la conformidad para no entrar en la cárcel. Castro ha preguntado si el contexto les parecía representativo a los agentes de la UCO.Balas ha asegurado que solo se fijaron en esos tres artículos, y en concreto en el de la web de la Cadena SER publicada a las 23.52 del 13 de marzo, porque era el único que citaba partes textuales del correo cuya filtración investigaban. El autor de la información, Miguel Ángel Campos, entró previamente, a las 23.25 en antena para adelantar la noticia, pero Balas aseguró, sin ninguna prueba, que en ese momento, anterior a que el email investigado llegara al fiscal general, Campos no lo tenía.Castro desmontó una tercera inferencia de los agentes. La que reprodujo el camino que, según su versión recorrió el correo de cuya filtración se acusa al fiscal. El informe recoge que del fiscal del caso, Julián Salto, pasó a la fiscal superior, Almudena Lastra, y a la jefa provincial, Pilar Rodríguez. Y que esta última fue quien se lo hizo llegar directamente al fiscal general. "¿Sabía que ese correo fue inicialmente enviado a una cuenta genérica de la fiscalía de delitos económicos con acceso para 16 personas?", ha preguntado Castro. Los agentes han respondido que no les constaba.Pero la inferencia del informe policial que la abogada del Estado ha considerado "principal" es la que sostiene que solo pudieron filtrar el informe las personas que cumplieran dos condiciones. En primer lugar, que conocieran la existencia del correo investigado, y en segundo, que conocieran que, al día siguiente, Fiscalía iba a difundir una nota de prensa. Se trata de dos informaciones contenidas en la que publicó la Cadena SER, pero los periodistas y los jefes de prensa de las fiscalías –la superior de Madrid y la General– aseguraron que durante ese día informaron a varios periodistas de que ese comunicado iba a salir. "¿Por qué dan por cierto que la persona que filtra es la misma que dice que se va a hacer una nota?", ha preguntado. "¿Significa eso que la filtradora pudo ser la jefa de prensa de la fiscalía general?", ha insistido.Balas no se ha bajado del caballo y ha seguido manteniendo que "los correos estaban en la fiscalía general del Estado" y que, en ese momento, "se estaba redactando la nota". "El fiscal general es la persona sobre la que tenemos más indicios", ha insistido. El compañero de Castro, José Ignacio Ocio, ha hecho las preguntas relacionadas con el borrado del teléfono móvil del fiscal general. La UCO aseguró que se había ejecutado el 16 de octubre de 2024. Ocio ha conseguido acreditar que el contenido cancelado ese día no tenía por qué coincidir con el intercambio de correos con Salto y Rodríguez que se investiga. "¿Puede determinar, en ese aparente borrado del 16 de octubre, qué mensajes, de qué extensión y de qué fechas pudieron ser borrados?", ha preguntado Ocio. El agente que redactó el informe ha asegurado: "Podría existir uno o decenas de miles".Después, Ocio ha insistido: "¿Tiene certeza de que los mensajes que se borraron fueron los del 8 al 14 de marzo?", ha lanzado refiriéndose a los investigados. "No la tengo porque se han tomado las medidas necesarias para que eso no sea posible". Otros dos peritos informáticos, estos presentados por la Abogacía del Estado, han confirmado que "es totalmente imposible determinar qué mensajes se han borrado y la fecha de los mensajes que se han borrado. Los que se dicen borrados el 16 de octubre pudieran haber sido borrados previamente a dicha fecha".