El periodista de la cadena SER Miguel Ángel Campos ha sido protagonista directo de la actualidad, en contra de su voluntad, esta semana. Su declaración como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado puede resultar determinante para el desenlace del proceso. Asume, sin embargo, que la clave del testimonio que tuvo que desarrollar ante el Supremo “la tendrán que decidir otros”. Tras haber vivido esta peculiar experiencia, considera que “para el periodista, desde luego, no es agradable ser noticia”. “Ni yo he querido acudir, ni he pedido ser voz, ni partícipe de este procedimiento, sino que acudes obligado. Pero una vez allí cumples con tu obligación, que es decir la verdad, contar los hechos hasta donde puedes. Porque nos obliga el secreto profesional y el anonimato de las fuentes. No por nosotros mismos. Algunos habrá que tal vez hagan uso de esa figura para mentir. Nosotros lo hacemos para garantizar el derecho, sobre todo del ciudadano, a tener una información veraz que sería imposible por otro método. Entonces, he acudido ante el Tribunal a realizar una cronología de cómo fui testigo de ese correo, cómo pude visualizar ese correo, tomar notas, el porqué no pudimos ofrecer la información hasta que la fuente autorizó definitivamente su difusión. Y de esa forma se demuestra que, efectivamente, la cadena SER vio ese correo varias horas antes de que el fiscal general del Estado supiera siquiera de su existencia”.“¿Qué interés particular tengo hacia una persona, el fiscal general del Estado, a quien prácticamente ni conozco, con quien no tengo una relación, a quien no llamo habitualmente? Prácticamente nunca he hablado con él desde que ha sido fiscal general del Estado. No obedece a ningún tipo de interés particular mi testimonio. Y si no, que lo demuestren, porque aquí se invierte constantemente la carga de la prueba. ¿Cómo voy a jugarme mi carrera labrada durante casi 30 años de prestigio con una reputación, tal vez esté mal que yo lo diga, pero intachable, en la que no ha habido un solo procedimiento, no ha habido una sola condena hacia este periodista que habla aquí ahora mismo? Y que yo me pueda jugar mi carrera, mi prestigio, mi futuro por una persona a la que ni siquiera conozco, ¿en qué cabeza cabe?”“En el juicio, las acusaciones es cierto que han estado muy duras con los periodistas. Entiendo que responde a la necesidad de defender la postura de sus clientes. Yo creo que ni ellos mismos acaban de creerse las acusaciones tan groseras que han realizado durante esta fase del juicio oral. Pero lo interpreto más que como un ataque personal, en el ejercicio de su derecho a la acusación. Saben que el testimonio de los periodistas que han declarado en este procedimiento, no solo el mío, sino hasta siete periodistas, tres con acceso directo antes que el fiscal general a ese correo electrónico, destruye su relato. En un juicio en el que además no hay una prueba directa contra el fiscal general del Estado. Solo deducciones e inferencias. El hecho de que exista no un testimonio ni dos, tres testimonios directos y otros que también llegan a esa misma conclusión, hasta siete, desvirtúan la acusación. Entiendo que las acusaciones intenten destruir como sea el testimonio de estos periodistas, porque revienta su discurso, mata ese relato efectuado por parte de la acusación”. “Las defensas se han basado más en los hechos. Solo tenemos dos corroborados en este procedimiento. Uno, que el fiscal general del Estado borró sus dispositivos. Él ha explicado por qué no puede ser objeto de un robo o de un hackeo, guarda información extraordinariamente sensible. Allí hay secretos de Estado. Y el segundo hecho es que el fiscal general del Estado reclamó los correos objeto de sospecha. Él dice, y es algo que tendrá que valorar el tribunal, que fue para redactar esa nota de prensa que se emitió el día posterior, el día 14 de marzo. ¿Por qué el fiscal general del Estado reclama esos correos? Primero, está en su potestad. Según el artículo 25 del Estatuto de la Fiscalía, habida cuenta de que es un asunto relevante de interés general y que ya se estaba suscitando desde la publicación del artículo del diario El Mundo, es una polémica de carácter general y que afectaba a la imagen de la Fiscalía. Debió ser la propia Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, quien debía haber dado cuenta de esos correos al fiscal general del Estado, sin esperar a que se los reclamara el propio fiscal general. Alguna vez tendrá que explicar por qué no lo hizo. A mi entender –es una opinión personal– sí estaba justificada la petición de los correos por parte del FGE”.“La UCO partió de la premisa inicial de que el fiscal general del Estado recibe toda la cadena de correos a las 23:41 y que a las 23:51 la cadena SER publica en su página web el correo objeto de disputa, en el que se dice que ‘ciertamente se han cometido dos delitos fiscales’. Según esta hipótesis de la UCO, el FGE, cuando ya tiene toda la cadena de correos, la filtra a la cadena SER que, en diez minutos, prepara la información y la publica en la página web. Le falta un pequeño detalle a la Guardia Civil y es que a las 23:24 no escuchan la SER. Esa información, que se publica más tarde, a las 23:51, ya se había contado en el programa Hora 25. A las 23:24, yo no tenía el correo electrónico, eso es cierto, pero ¿cómo es posible que por la tarde del día 13 de marzo, entre las 17:30 y las 19:00 del día 13 de marzo, varias horas antes de que el fiscal general supiera de los correos, yo supiera quién era el abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, y que tuviera su teléfono móvil? Esos datos solo aparecían en el correo electrónico y me fue posible acceder a esos datos porque había visto el correo electrónico y me apunté esos datos. El nombre de Carlos Neira no había salido en ningún medio de comunicación. Nadie sabía que era el letrado de Alberto González Amador. ¿Cómo es posible que a las 23:10 envíe un whatsApp a Carlos Neira sobre este asunto, sobre unos datos que solo aparecían en el correo electrónico si yo, como defiende la UCO, no tenía el correo electrónico a las 23:24? Blanco y en botella”.“Al final, la sentencia es algo que va a tener que valorar el Tribunal. Prueba directa, no hay ninguna. Indicios temporales, los hay para algunos y para las acusaciones. Frente a ello, hay contraindicios muy sólidos y también la declaración no de uno, sino de varios periodistas que atestiguan que el correo electrónico lo tuvieron antes que el fiscal general del Estado. Y, ante la pregunta directa de si la persona que les había filtrado ese correo era fiscal general del Estado, contestaron rotundamente que no. El Tribunal valorará. Son siete magistrados de enorme prestigio, con una gran capacidad para desempeñar su función y estoy seguro de que tomarán la decisión más adecuada. Espero, ya que esto ha llevado a una polarización terrible en este país, que sus señorías adopten una decisión, sea cual sea, unánime y muy bien fundamentada jurídicamente en base a lo que han podido ver, en base a lo que han podido analizar durante estas dos semanas de procedimiento”. “Es un hecho ya descartado por el propio auto de la sala de apelación. Se eliminó esa posibilidad de investigación. Se destruyó esa aseveración del juez Hurtado, el instructor, que no estaba basada tampoco en prueba alguna. Era, de nuevo, una deducción no basada siquiera en un indicio. De hecho, ya eliminaron la posibilidad de investigar a Pilar Sánchez Acera y de recorrer esa vía, ese camino. Por lo tanto, creo que no va a haber ninguna referencia a ello y esto ha quedado ya absolutamente descartado por el Tribunal”.“El periodismo ha estado en el ojo del huracán de una forma absolutamente terrible. Ha sido un debate que se ha trasladado desde algunos medios que acusan a otros de intentar influir en procesos abiertos. Han sido esos medios los primeros, a través de encuestas o a través de debates, en intentar influir en la opinión del tribunal de forma absolutamente descarada, diciendo absolutas barbaridades respecto al periodismo de fuentes. Yo lo comenté también ante el Tribunal. Una fuente no se hace de la noche a la mañana. Necesitas meses, cuando no años, de trabajo conjunto, de labrar esa relación de confianza mutua con personas que tienen generalmente acceso directo a la información. Si no existiera esta posibilidad del periodismo de fuentes, los periodistas seríamos meros títeres, voceros del poder político, económico o del que sea”. “Puedo poner otro ejemplo muy claro de lo que significa el periodismo de fuentes. No hacía mucho, yo tengo a través de dos fuentes la información de que una grabación implicaba a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones. Esa información, como hacemos siempre en la Cadena SER y en cualquier medio serio que se precie, la contrastamos con las fuentes oficiales y hablamos con el entorno de Santos Cerdán y con el Partido Socialista y con Moncloa. Los tres nos dicen que es falso. Los tres nos dicen que mentimos. La cadena SER confío en mi palabra, que es mi único patrimonio, y en mis fuentes, que han fallado menos veces que más. La cadena SER abrió en primicia a las 20:00 de la tarde de aquel día, en Hora 25, con esa información: una grabación implica a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones. Entre las críticas, las del PSOE, el Gobierno y la Moncloa. Al día siguiente se publicó el informe de la UCO y corroboró palabra por palabra lo que habíamos dicho nosotros el día anterior y Santos Cerdán acabó dimitiendo. Si no hubiera sido por las fuentes, el ciudadano no hubiera tenido la información veraz en aquel momento. ¿Somos unos rojos peligrosos o es que simplemente somos periodistas y nos atenemos a los hechos?” “La jueza que lleva la instrucción de la dana está teniendo muchísimo valor.Se le ha apoyado con un refuerzo del Consejo General del Poder Judicial y está trabajando de forma denodada por sacar adelante esta causa. La instrucción me parece brillante y ejemplar, con un conocimiento del terreno y de las circunstancias en que se produjeron los hechos. A ello contribuye que es una persona que lleva más de veinte años en Catarroja, que conoce el territorio mejor incluso que la Guardia Civil en el puesto. Tal vez por ello, incluso haya contradicho algún que otro informe elaborado por la propia Guardia Civil. No solo está siendo técnica, científica y analítica, sino absolutamente empática con las víctimas. Los seis magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia, de forma unánime, han avalado la tesis siempre de la magistrada instructora en este procedimiento, Nuria Ruiz Tobarra, que en resumidas cuentas se basa en que los fallecimientos se produjeron por una alerta tardía y en que no hubo un apagón informativo. También ha dicho la jueza que la Confederación Hidrográfica del Júcar nada tuvo que ver en todo este asunto y que informó también de forma sobrada al CECOPI, advirtiendo de la lluvia que estaba cayendo en la cabecera del barranco del Poyo, que por una cuestión de física elemental iba a acabar bajando por el cauce de ese barranco. Tampoco, por supuesto, ha admitido la imputación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que también tuvo un comportamiento intachable. Pilar Bernabé tenía ese día una reunión de delegados del Gobierno de España en Córdoba. Y en cuanto a las 7:36 salta la alerta roja en la zona interior norte de Valencia anula su viaje y regresa a la Delegación del Gobierno. Mientras, el Gobierno valenciano y Mazón mantuvieron su agenda”. “No veo cloacas en actuaciones como las de Leire Díaz o Pérez Dolset. Las cloacas las hemos visto aquí durante muchísimo tiempo, con aquellos informes sin membrete de la UDEF remitidos a determinados medios de comunicación o con el informe PISA contra Podemos, que fue totalmente desvirtuado después por la Justicia. Se va a celebrar un juicio oral en el que está acusado ni más ni menos que el ministro del Interior con Mariano Rajoy por haber espiado a Bárcenas, para supuestamente hurtar las pruebas que tuviera sobre la caja B del PP y destruirlas, para que no pudieran llegar a un procedimiento judicial. Eso son cloacas, supuestamente, porque todavía no tenemos sentencia condenatoria, pero ahí tenemos una evidencia de cloacas del Estado. Aquí no veo cloacas. Que levante la mano el partido que no tiene a gente realizando labor de fontaneros. Los han tenido siempre. Leire Díez tal vez fue en algún momento una fontanera del PSOE asociada directamente a Santos Cerdán. Pero también creo que hubo un punto en el que dejó de serlo y que vinculó su presente y futuro directamente al empresario Pérez Dolset. Proponer pactos a una persona, beneficios y acuerdos no lo había visto jamás. De hecho, ninguna de sus promesas a todas esas personas llegó a término. Ni una sola”. “Todavía tiene que decidir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un fallo que se va a conocer aproximadamente, en enero, que es el plazo que suele marcarse el TJUE después del informe de la Abogacía General. Casi siempre el TJUE suele fallar lo mismo que ha dicho el abogado general de la Unión Europea. La resolución del abogado general es prácticamente el visto bueno a la amnistía. Ni siquiera sobre los puntos en los que manifiesta cierta discrepancia ésta se mantiene a día de hoy. Esos dos puntos ya fueron resueltos por la sentencia del Constitucional el pasado mes de junio, cuando contestó al recurso del Partido Popular. La amnistía ya fue enmendada en aquellos puntos. Por lo demás, ha dado vía libre a la amnistía. Si, como se espera, el TJUE sigue lo que ha dicho el abogado general de la Unión Europea, finalmente la amnistía será totalmente válida también a efectos de Europa y ya estará facilitando el regreso a España de Carles Puigdemont”.“La Audiencia Provincial ha impedido esta semana al juez Peinado que ordene a la UCO la investigación del rescate de Air Europa. Él tiene una obsesión. Ha llevado a cabo una instrucción estrafalaria en el caso de la esposa del presidente del Gobierno. Sobre todo, da la sensación de que sale a pescar, en una instrucción que debía haber estado muy delimitada y que de hecho delimitó en un principio la Audiencia Provincial de Madrid. Peinado está buscando continuamente elementos para poderla encausar por algo. Y esa es la táctica del phishing que está absolutamente proscrita por el derecho comunitario. Peinado ha llegado a enredar hasta tal punto el procedimiento que uno ya difícilmente puede realizar un seguimiento y estar al día de lo que está aconteciendo en ese proceso judicial. Parece incluso muchas veces que ni él mismo lo sabe ¡Aclárese, señor Peinado, y lleve a cabo una instrucción natural y normal conforme a ley y concluya de una vez, exponga unos hechos y deje de enredar!”.