Una médica del consultorio de Espiel fue amenazada por un paciente el pasado 7 de noviembre en un nuevo episodio de violencia dentro del sistema sanitario público andaluz. El incidente, que se produjo durante la atención asistencial, vuelve a poner en evidencia la « creciente vulnerabilidad del personal sanitario ante comportamientos agresivos», según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El sindicato recuerda que los datos del Servicio Andaluz de Salud confirman esta tendencia: solo en 2024 se han contabilizado 162 agresiones en Córdoba , lo que supone un aumento del 9% respecto al año anterior. De ellas, 7 fueron agresiones físicas y 126 verbales, unas cifras que evidencian un clima cada vez más tenso en los centros de salud y consultorios. CSIF ha manifestado su «más firme condena y repulsa» ante lo ocurrido, advirtiendo de que la violencia hacia el personal sanitario «carece de justificación alguna» y se repite con una frecuencia alarmante. La responsable de Sanidad de CSIF Córdoba , Josefa Díaz Ontiveros, subraya que es imprescindible reforzar las plantillas para reducir la tensión asistencial que deriva en conflictos: «La sobrecarga y los picos de atención generan situaciones límite que, en ocasiones, desembocan en episodios como este». Díaz Ontiveros también insta a la Delegación Territorial de Salud y Consumo a incrementar las medidas de seguridad en los centros ante el elevado número de agresiones registradas. La organización sindical advierte además de que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema: «Muchos casos no se denuncian por miedo a posibles represalias en centros pequeños o porque los propios profesionales han empezado a normalizar estas conductas inaceptables », explica la portavoz. CSIF Sanidad Córdoba ha reiterado al SAS su reivindicación histórica de incluir un régimen sancionador específico en la Ley de Salud Pública de Andalucía. El sindicato sostiene que la Administración debe abrir expedientes administrativos e imponer sanciones económicas a los agresores , ya que estos episodios implican también un coste para el sistema: servicios jurídicos, daños materiales y bajas laborales derivadas de la agresión. Para la central sindical, esta medida supondría un factor disuasorio frente a unas conductas «reprobables e intolerables» que siguen poniendo en riesgo la seguridad de los profesionales que atienden a la ciudadanía.